Jiutepec.- A cinco días de haber asumido compromisos directos con activistas defensores de animales, el Ayuntamiento de Jiutepec frenó el seguimiento a las acciones pactadas e ignora las llamadas de seguimiento.
Lupita Xicoténcatl, presidenta de la asociación civil Cuernavaca Ama a sus Animales, denunció que el gobierno municipal ha mostrado total desinterés por cumplir la palabra empeñada en beneficio de la fauna local.
Promesas olvidadas tras tragedia animal
El compromiso público fue asumido el pasado 18 de septiembre por el secretario municipal, Arturo Flores. Esto ocurrió después de que el propio gobierno local reconociera que los perros conocidos como Oslo y Negrita fueron sacrificados y sepultados en un predio del municipio.
Entre los puntos acordados destacaba la entrega de 50 esterilizaciones gratuitas y 50 bultos de croquetas. Asimismo, se pactó implementar campañas permanentes para difundir la tenencia responsable y el bienestar animal en las colonias de Jiutepec.
Un aspecto fundamental del acuerdo estipulaba frenar de inmediato la captura de perros y gatos en la vía pública. La condición establecida fue que el municipio no podrá realizar ningún levantamiento mientras no cuente con un centro de bienestar animal debidamente equipado y normado.
Investigaciones legales y silencio oficial
La representación de la asociación civil intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el funcionario municipal para coordinar la entrega de apoyos y los calendarios de esterilización, pero no obtuvo respuesta alguna.
"Mientras no tengan un centro de bienestar, no van a volver a levantar a ningún perro o a ningún gato", enfatizó la activista al recordar los compromisos suscritos por las autoridades jiutepequenses.
A la par del incumplimiento administrativo, avanzan las acciones jurídicas para esclarecer la muerte de las mascotas. Actualmente existen dos carpetas de investigación activas sobre el caso.
La primera indagatoria se tramita ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por los delitos de maltrato y crueldad animal. La segunda denuncia corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde los activistas buscan constituirse formalmente como coadyuvantes en el proceso legal.
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