Cuernavaca, Morelos.- Con el objetivo de poner fin a la incertidumbre financiera que enfrentan jubilados y pensionados, el Congreso del Estado analiza formalmente la creación de un Instituto de Pensiones.
Isaac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva, informó que esta iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca centralizar y garantizar los pagos a los trabajadores de los tres poderes y organismos autónomos.
La intención es que el Congreso de Morelos deje de fungir como el ente responsable de estos pagos a través de su Comisión del Trabajo, agilizando así los trámites para los beneficiarios.
Inspiración en el modelo de Querétaro
El legislador destacó que el proyecto toma como base el sistema de pensiones del estado de Querétaro, el cual es reconocido a nivel nacional por su eficiencia y solvencia.
"Planteamos un organismo que sea autosustentable, que cuente con sus propios recursos y asignaciones anuales blindadas para que no colapsen las instituciones", explicó Pimentel Mejía.
Este cambio permitiría que el Poder Judicial y el Legislativo liberen presión en sus presupuestos, los cuales se ven severamente afectados por el cumplimiento de estas obligaciones laborales.
Consenso con sindicatos y autonomía
A diferencia de otras iniciativas, esta propuesta se está construyendo "desde abajo", manteniendo mesas de diálogo con sindicatos de trabajadores y representantes de organismos autónomos.
El objetivo es lograr un respaldo generalizado que evite futuras observaciones legales o amparos que frenen la operatividad del nuevo instituto.
Se busca dar certeza jurídica a quienes han entregado años de servicio, asegurando que su dinero esté disponible sin depender de las crisis políticas o administrativas de turno.
Topes y años de servicio a revisión
Dentro de los puntos críticos que analizarán los diputados, se encuentra la posible homologación de los años de servicio entre las diversas dependencias estatales.
Asimismo, se discutirá el establecimiento de topes en las pensiones para evitar montos desproporcionados que pongan en riesgo la viabilidad del fondo a largo plazo.
Actualmente, el gasto anual por este concepto ronda los 15 millones de pesos, cifra que crece año con año y que hoy se considera una carga financiera insostenible para el erario estatal.