Se quiso presentar al público como la designación de una candidata de Morena lo más alejada posible al grupo político del gobernador Rubén Rocha Moya. Un mensaje de distancia con el rochismo que hundió a Sinaloa en su peor crisis en años. Pero la aspirante morenista a la gubernatura sinaloense, Imelda Castro, está haciendo su campaña montada en la estructura de ese rochismo, según me revelan fuentes de primer nivel.
Desde que la nombraron, se sabía que la senadora con licencia Imelda Castro se había distanciado de Rocha y por eso mismo no tenía en Sinaloa estructura, equipo ni dinero. Ya tiene. La heredó del hombre de quien se supone iba a marcar distancia.
Hace unos días, de acuerdo con dichas fuentes, hubo una reunión de alto nivel en Morena para delinear la estrategia de campaña en Sinaloa. Asistieron la dirigente nacional, Ariadna Montiel; su número dos y encargada de los procesos para seleccionar candidatos, Citlalli Hernández; Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales y quien fue designado como el delegado para las campañas morenistas en la Primera Circunscripción, que incluye Sinaloa; un representante de Adán Augusto
López; y los aspirantes a la gubernatura.
De ese cónclave habría salido el reparto de las candidaturas a las alcaldías de Sinaloa: Culiacán para Monreal, Ahome (donde está Los Mochis) para Adán Augusto y Mazatlán para el senador Enrique Inzunza, uno de los diez acusados de narcos por Estados Unidos.
Todos parecían arreglados... pero no. Hubo uno que no estuvo de acuerdo: Gerardo Vargas, ex alcalde de Ahome, aspirante a la candidatura al gobierno que se quedó Imelda Castro y quien venía siendo apoyado por el grupo político del exgobernador Mario López Valdez “Malova”. Más tardó en manifestar su rechazo y amagar con rompimiento que en tener que enfrentar la venganza estilo Morena: lo vincularon a proceso por un caso de corrupción de cuando fue alcalde (pero dice la presidenta que no hay fracturas, rompimientos ni divisiones).
Hay además una estrategia nacional de campaña, según me revelaron quienes tuvieron acceso a esa reunión. Consiste en usar los padrones de beneficiarios de los programas sociales para amarrar el voto. Hacerlo constituye una violación a la ley electoral, pero “no me vengan con que la ley es la ley”, que para eso pusieron al frente de Morena a Ariadna Montiel, que era la secretaria del Bienestar, encargada de los programas sociales, con acceso a los padrones de beneficiarios.
Acordaron que se duplicará el número de Coordinadores Territoriales de Morena que ya están en capacitación. A ellos los van a ayudar los Servidores de la Nación, que son funcionarios del gobierno (otra ilegalidad, pero no me vengan...). Les darán los padrones de beneficiarios directamente a los candidatos (antes mandaban a gente de la Ciudad de México a los estados para tener mayor control de la información, pero ya se están soltando el pelo). Y van a aumentar en diez millones el número de beneficiarios en todo el país (en Sinaloa pasarían de 800 mil a 1.2 millones).
Así, con esta detallada estrategia, Morena quiere revertir el golpe en imagen por haberse aliado con el narco, diluir los catastróficos resultados económicos y de seguridad, y retener la gubernatura de Sinaloa.
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