Traición a la patria. Con qué facilidad este régimen abusó del concepto. Pocas expresiones han sido tan prostituidas por el gobierno. López Obrador y Sheinbaum abarataron el término. Lo vaciaron de contenido a fuerza de usarlo contra cualquiera que los contradijera. Convirtieron la acusación de traición a la patria en un garrote político.
Para ellos, eran traidores a la patria los priistas que rechazaron la contrareforma eléctrica de AMLO y los de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por recibir financiamiento del extranjero. Eran traidores a la patria Marko Cortés y Lilly Téllez y Alito Moreno por acudir a instancias internacionales a denunciar la descomposición democrática y los pactos del gobierno con el narco. Traidora a la patria también la gobernadora panista Maru Campos porque agentes de la CIA operaron en Chihuahua para desmantelar un mega narcolaboratorio sin el permiso del gobierno federal.
Traidor a la patria se lo ganaba cualquiera que opinara diferente. En particular, cualquiera que se atreviera a exhibir ante el mundo la regresión autoritaria fronteras adentro. Traición a la patria era el grave señalamiento contra quien se atreviera a romper lo que el régimen imaginaba como un obligatorio pacto de silencio entre mexicanos: la ropa sucia se lava en casa. Que nadie en el mundo sepa lo que está pasando aquí adentro. Y el que salga y lo cuente, traiciona a la patria.
Hasta que una gobernadora de Morena nos vino a recordar qué realmente podría calificar como traición a la patria: vender información confidencial de seguridad nacional a cambio de obtener privilegios personales.
Ayer, el periodista Héctor de Mauleón en su columna de El Universal reveló una grabación en la que se escucha a la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar, hacer una oferta a Estados Unidos a cambio de que le devuelvan su visa que le quitaron hace un año por una investigación de lavado de dinero y que esa investigación no avance más ni se convierta en una solicitud de extradición, como la de su colega de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En parte central de la grabación, la gobernadora ofrece:
“¿No me pueden decir mínimo de qué quieren que les hable? Porqué, o sea, yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber... yo les voy a decir lo que yo he escuchado y lo que yo he escuchado en las mesas de seguridad”.
La gobernadora aceptó la autenticidad de esa conversación. Intentó defenderse con el recurso de siempre: estoy tranquila, no hay nada que esconder. “Las referencias realizadas sobre cooperación e intercambio de información corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California”. Patrañas. La conversación no habla de nada institucional. La gobernadora ofrece información privilegiada de seguridad a un gobierno extranjero a cambio de un beneficio personal. No ofrece cooperación entre gobiernos. Ofrece acceso privilegiado. No defiende un interés público. Negocia un interés personal. No habla como gobernadora. Habla como testigo protegido.
Si esa conversación la hubiera protagonizado un gobernador de oposición, Morena ya habría pedido juicio político, desafuero y cárcel.
Hace dos semanas, el New York Times publicó que una docena de morenistas ya estaban ofreciendo al gobierno americano información a cambio de impunidad. La presidenta Sheinbaum dijo que no era cierto. Qué rápido la desmintió la realidad.
La presidenta lleva 75 días hundiéndose. 75 días y contando. Son los días que han transcurrido desde que Estados Unidos imputó a los Diez de Sinaloa. Y sí, como reza la fórmula del policía americano: todo lo que dice ya es usado en su contra.
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