Hermosillo, Sonora.- Un juez federal dictó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra servidores públicos y exservidores de los municipios de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada vinculada al Cártel de Sinaloa. Los imputados habrían sido cooptados por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, líder regional del cártel en el oriente de Morelos, quien presuntamente financió campañas políticas a cambio de impunidad y libertad de operación para extorsionar, cobrar “derecho de piso” y controlar estructuras municipales.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas contundentes durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia. El juez Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora, impuso prisión preventiva oficiosa y trasladó a los imputados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo. Se otorgó un plazo de 15 días para la investigación complementaria. La próxima audiencia está programada para el 11 de junio de 2026.Los cinco vinculados a procesoDe acuerdo con reportes de la FGR, SSPC y medios locales, los imputados son:
- Agustín Toledano Amaro: Presidente municipal en funciones de Atlatlahucan (2025-2027), postulado por la coalición PAN-PRI-PRD-RSP.
- Irving Sánchez Zavala: Exalcalde de Yecapixtla (periodo anterior), también investigado por presunta apropiación de un predio para pozo de agua que afectó el abasto en su comunidad.
- Jonathan Espinoza Salinas: Tesorero municipal de Cuautla.
- Pablo Adrián Portillo Galicia: Empresario y exoficial mayor del Ayuntamiento de Cuautla (había sido candidato por Movimiento Ciudadano).
Mientras que Arisbel Rubí Vázquez Amaro (“La Jefa”), excandidata a alcaldesa de Atlatlahucan y consejera estatal de Morena, enfrenta proceso por separado y se encuentra en el Centro Federal Femenil en Coatlán del Río, Morelos. Permanece prófugo Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla (también de la alianza PAN-PRI-PRD), quien aparece en el video clave del caso.
El origen del caso: La reunión de junio de 2024 que lo cambió todo
Las investigaciones se detonaron tras la filtración de un video grabado el 10 de junio de 2024 en una finca conocida como “Los Aguacates”, en Totolapan. En las imágenes se observa a alcaldes electos, exalcaldes y funcionarios compartiendo mesa con Júpiter Araujo Bernard “El Barbas”, junto a operadores como Víctor Samuel Márquez Vázquez (“El Mayor”) y Jorge Bazán Reyes.
Según la FGR, “El Barbas” ofreció financiamiento ilícito y votos a cambio de cuotas mensuales, protección y control sobre nombramientos, licitaciones y seguridad pública en al menos seis a ocho municipios del oriente de Morelos (Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla, Totolapan, Tetela del Volcán, Zacualpan y otros). La célula, conocida internamente como “La Empresa”, se dedicaba a extorsión a comerciantes, tianguistas, empresarios y hasta cobro de piso en mercados y obras públicas.
El video se viralizó en febrero de 2025, lo que aceleró la carpeta de investigación federal. La gobernadora Margarita González Saravia (Morena) fue informada de la reunión desde junio de 2024 por el entonces jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez.
Sin embargo, las detenciones masivas ocurrieron hasta mayo de 2026 con la Operación Enjambre, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, FGR y Centro Nacional de Inteligencia.
¿Quién es “El Barbas” y cómo infiltró Morelos?
Júpiter Araujo Bernard “El Barbas” es señalado por la FGR como el principal operador del Cártel de Sinaloa (también referido como Cártel del Pacífico) en la región oriente de Morelos. Se estableció en Tepalcingo y expandió su influencia tras alianzas iniciales con células como Gente Nueva y rupturas con Unión Tepito. Es acusado de homicidios, secuestros, extorsiones y narcotráfico.
Sus operadores controlaban plazas clave y mantenían presencia en Baja California y Zacatecas.
Autoridades federales aseguran que financió campañas electorales de 2024 para colocar a sus aliados en ayuntamientos y garantizar “libertad e impunidad”. A cambio, los funcionarios habrían puesto a disposición recursos humanos, materiales y de seguridad pública para la célula criminal.
Entre las pruebas se analizan más de 20 teléfonos celulares asegurados en las detenciones, que podrían revelar comunicaciones, transferencias y operaciones de extorsión.
Implicaciones políticas y de seguridad: Narcopolítica en Morelos
Este caso representa uno de los golpes más duros a la llamada “narcopolítica” en Morelos en años recientes. La zona oriente ha sido históricamente disputada por grupos criminales, con antecedentes de violencia contra exalcaldes, aspirantes y periodistas.
La Operación Enjambre busca desmantelar no solo a los funcionarios, sino la estructura que permitía al cártel operar con protección oficial.Integrantes del gabinete de Seguridad federal han señalado que “El Barbas” cooptó estructuras municipales para delitos contra la salud, tráfico de armas y extorsión sistemática.
¿Qué sigue?
La FGR tiene 15 días para fortalecer la carpeta de investigación. Las defensas han promovido amparos alegando posibles violaciones procesales. Autoridades no descartan más detenciones ni la captura de Jesús Corona Damián, cuyo paradero es desconocido.
Este escándalo no solo sacude a los ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuautla y Yecapixtla, sino que pone en evidencia los riesgos de infiltración del crimen organizado en gobiernos locales. Ciudadanos de la región exigen claridad sobre cómo estas redes afectaron servicios públicos, seguridad y economía diaria mediante extorsiones.
La narcopolítica en Morelos está bajo el reflector federal: ¿cuántos más casos similares existen en otros municipios?