El incremento de hasta 470 por ciento en las tablas de valores catastrales industriales de Jiutepec amenaza con frenar las operaciones, congelar inversiones y desaparecer empleos en la principal zona industrial del municipio.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Morelos alzó la voz ante el Congreso del Estado para frenar el impacto inmediato de esta propuesta fiscal que golpearía directamente los costos fijos de las empresas instaladas en la región.
El proyecto municipal bajo análisis legislativo busca modificar drásticamente los valores unitarios de suelo industrial hasta un 470 por ciento, mientras que para las construcciones el aumento supera el 150 por ciento en este año.
Riesgo inminente para los empleos en Morelos
El presidente de Canacintra Morelos, Alejandro Villarreal, reconoció que existe un rezago de casi dos décadas en la actualización del catastro, pero afirmó que aplicar el aumento de golpe generará una presión financiera insostenible.
Los más afectados por este ajuste serán los pequeños y medianos empresarios locales, quienes operan con márgenes reducidos y dependen de la estabilidad económica para garantizar el sustento de los trabajadores y sus familias.
A diferencia de los corporativos internacionales que poseen mayor solidez, las industrias locales perderán competitividad rápidamente, lo que alterará de forma negativa sus planes operativos y de expansión comercial a corto plazo.
Exigen diálogo y aplicación gradual del impuesto
Detrás de cada planta industrial operan cadenas productivas completas, por lo que el líder empresarial insistió en que cualquier modificación fiscal debe considerar la realidad de la economía local antes de aprobarse.
Los industriales aclararon que no rechazan la actualización del impuesto, pues entienden que el ayuntamiento requiere recursos para mejorar los servicios públicos, pero demandan saber con precisión en qué se gastará cada peso recaudado.
Finalmente, Canacintra solicitó abrir mesas de trabajo urgentes con los diputados y autoridades municipales para acordar un esquema escalonado, diseñar estímulos fiscales y etiquetar el dinero para la infraestructura de la propia zona industrial.