Cuernavaca.- El Gobierno de Morelos advirtió que emprenderá acciones legales de manera firme tras el cierre arbitrario de oficinas públicas y la presunta privación ilegal de la libertad de ciudadanos durante las recientes protestas sindicales en el centro de la capital.
Jorge Salazar Acosta, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusó directamente al dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, José Ramón Wong, de anteponer apetitos políticos por encima de los derechos laborales de los trabajadores.
El funcionario estatal reveló que durante el bloqueo del Palacio de Gobierno decenas de personas quedaron atrapadas en el inmueble, entre ellas varios menores de edad, por lo que la Consejería Jurídica ya solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado.
Acciones penales y entrega directa de apoyos
Ante las inconsistencias detectadas, el Ejecutivo estatal tomó la determinación de entregar de forma directa el bono navideño —cuyo monto supera los mil 800 pesos por servidor público— para evitar que la dirigencia lo utilice como herramienta de chantaje o coacción.
Salazar Acosta explicó que esta medida surge debido a los constantes retrasos del sindicato en la comprobación de recursos públicos. Precisó que la organización ha recibido alrededor de siete millones de pesos, los cuales están bajo un riguroso proceso de fiscalización.
De igual manera, el funcionario fue claro al señalar que las ausencias laborales injustificadas por parte de los manifestantes derivarán en los descuentos salariales correspondientes establecidos por la ley, aunque dejó en claro que la vía del diálogo institucional continuará abierta.
Plazas retenidas e investigaciones por corrupción
Respecto al supuesto congelamiento de plazas denunciado por la cúpula sindical, la administración estatal rechazó categóricamente que exista una suspensión generalizada. Explicó que la pausa en nuevas contrataciones responde a los lineamientos de disciplina financiera por el cierre del ejercicio fiscal.
Detalló que únicamente quedaron pendientes entre 24 y 28 plazas, mientras que en lo que va del año se emitieron 291 dictámenes positivos y otros 125 expedientes permanecen en proceso de revisión minuciosa.
Asimismo, la Secretaría de Administración confirmó que dos trabajadores del área de Movilidad y Transporte son investigados formalmente por presuntos actos de corrupción, situación que habría desencadenado la molestia del líder sindical para movilizar a la base laboral.
Trabajadores acusan amenazas y chantajes
Por su parte, un grupo de trabajadores sindicalizados envió un escrito a la gobernadora Margarita González Saravia para denunciar que el secretario general, José Ramón Wong Balboa, los presionó para marchar del 12 al 14 de octubre bajo amenaza de quitarles sus prestaciones.
En el documento, los empleados aseguraron que las movilizaciones obedecen a intereses personales de Wong Balboa, quien supuestamente busca beneficiarse con la asignación de una plaza nivel 220, vulnerando los estatutos internos del propio gremio sindical.
Finalmente, los servidores públicos solicitaron las garantías necesarias para defender la libertad sindical sin sufrir persecución ni represalias económicas, exigiendo que las autoridades garanticen la transparencia en el manejo de las cuotas y prestaciones.
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