Cuernavaca.- El Gobierno de Morelos alista acciones legales tras bloqueos en las principales avenidas de la capital, el cierre del paso vehicular en la autopista México-Acapulco y los hechos registrados en el Palacio de Gobierno.
Durante las protestas, los inconformes colocaron cadenas y candados en las puertas del recinto gubernamental. Esta acción impidió la salida de los trabajadores de las oficinas y de los ciudadanos que realizaban trámites en el lugar.
Cuestionan intereses políticos tras las protestas
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, lamentó la ejecución de estas movilizaciones. Señaló la participación de actores vinculados a un partido político y acusó que se antepusieron intereses partidistas sobre el bienestar común.
El funcionario estatal remarcó que las consecuencias del colapso vial las sufrió directamente la ciudadanía en las calles de la capital y en los accesos metropolitanos.
Decenas de personas quedaron varadas durante horas dentro del transporte público y en vehículos particulares sin posibilidad de avanzar a sus destinos.
Asimismo, los empleados no pudieron llegar a tiempo a sus centros laborales y las madres de familia vivieron momentos de incertidumbre al no poder recoger a sus hijos en los planteles escolares.
Maldonado Ceballos enfatizó que la función de la clase política debe enfocarse en servir a la población y no en perjudicar sus actividades diarias.
Calificó como inaceptables las medidas de presión que obstaculizan el libre tránsito e interrumpe la dinámica social de Morelos.
Proceso legal y documentación de los daños
Ante la gravedad de los acontecimientos, la autoridad gubernamental confirmó la apertura de dos vías de investigación distintas ante las instancias de procuración de justicia correspondientes.
La primera indagatoria atenderá la obstrucción de la autopista México-Acapulco por tratarse de un tramo de jurisdicción federal. La segunda causa penal revisará los eventos ocurridos dentro del Palacio de Gobierno.
Para sustentar la denuncia por los daños ocasionados al patrimonio público, una notaria pública acudió a la sede del Ejecutivo para certificar el estado de las entradas bloqueadas.
De igual manera, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado asumió la representación legal para dar seguimiento formal a las denuncias ante el Ministerio Público.
Postura oficial sobre el derecho a la manifestación
La Secretaría de Gobierno reiteró que la administración estatal respeta el derecho constitucional a la libre manifestación y mantiene la disposición permanente para sostener mesas de trabajo.
Sin embargo, el encargado de la política interna advirtió que las demandas sociales no pueden ejercerse vulnerando las garantías individuales ni los derechos de los demás ciudadanos.
Pese a los desacuerdos registrados, el Ejecutivo mantendrá una relación estrictamente institucional con todas las agrupaciones y partidos políticos de la entidad.
Finalmente, el Gobierno precisó que no existió un acercamiento formal con este grupo de manifestantes, por lo que se desconocen sus peticiones concretas, a diferencia de las mesas de atención concluidas favorablemente con estudiantes de la Normal Rural "General Emiliano Zapata" de Amilcingo.
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