Cuernavaca.- El Gobierno de Morelos emprenderá acciones legales ante las instancias correspondientes por el cierre de oficinas públicas y la presunta privación ilegal de la libertad de personas durante las recientes protestas sindicales en la capital.
Así lo dio a conocer Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas, quien acusó al dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, José Ramón Wong, de anteponer intereses políticos a las garantías laborales.
El funcionario estatal señaló que el líder sindical genera inestabilidad e incertidumbre entre la base trabajadora con el fin de obtener beneficios personales y políticos a costa del bienestar general.
Denuncia ante la Fiscalía General del Estado
Salazar Acosta explicó que durante el bloqueo a Palacio de Gobierno varias personas quedaron retenidas contra su voluntad, entre ellas menores de edad que no pudieron abandonar el inmueble de manera oportuna.
Por este motivo, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo inició los trámites legales y solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades penales.
En materia presupuestal, el secretario rechazó que exista un congelamiento generalizado de plazas dentro de la administración pública, tal como denunciaron los inconformes durante sus movilizaciones.
Aclaró que la suspensión temporal de nuevas contrataciones responde exclusivamente al cierre del ejercicio fiscal en curso y al cumplimiento de las normas de disciplina financiera vigentes.
Detalló que únicamente quedaron pendientes entre 24 y 28 plazas, mientras que a lo largo del año se emitieron 291 dictámenes favorables y otros 125 continúan en proceso de revisión.
Investigaciones por corrupción e irregularidades
El titular de Administración y Finanzas reveló además que dos trabajadores adscritos a la Secretaría de Movilidad y Transporte enfrentan investigaciones formales por presuntos actos de corrupción.
Esta situación administrativa habría provocado la molesta inconformidad de la dirigencia sindical, motivando parte de las recientes movilizaciones en las calles de la ciudad.
Respecto a las prestaciones de fin de año, Salazar Acosta anunció que el Ejecutivo entregará directamente a los empleados el bono navideño, cuyo monto supera los mil 800 pesos.
Esta decisión busca evitar retrasos en la entrega y prevenir que la prestación sea utilizada por la directiva sindical como una medida de presión o chantaje político.
Cuentas pendientes y advertencias de descuentos
El funcionario puntualizó que el sindicato ha recibido siete millones de pesos en recursos públicos, dinero que al día de hoy permanece sujeto al proceso obligatorio de comprobación.
Asimismo, advirtió firmemente a la plantilla laboral que las ausencias no justificadas a las jornadas de trabajo derivarán en los correspondientes descuentos salariales en la nómina.
Finalmente, el Secretario de Administración y Finanzas reiteró que las mesas de diálogo institucional con la base trabajadora permanecerán abiertas para resolver las inquietudes del sector.
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