Cuernavaca.- El Poder Judicial del Estado de Morelos desató un severo escándalo tras revelarse que destinó alrededor de 800 mil pesos del erario a la compra de refrescos y bebidas durante el año 2024. Este gasto en refrescos del Poder Judicial ocurrió mientras la institución acumulaba deudas con jubilados y arrastraba una profunda crisis financiera.
La situación actual obliga al tribunal a solicitar al Congreso local una ampliación presupuestal urgente de 321 millones de pesos para poder sobrevivir el año. El despilfarro fue admitido por Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial, al presentar un nuevo plan de austeridad.
Privilegios exclusivos para magistrados
Fuentes internas de la institución confirmaron que las bebidas, bautizadas como “insumos VIP”, nunca llegaron a los escritorios de secretarios, actuarios ni archivistas. Todo el producto se concentró en las salas de los magistrados, oficinas de jueces de control y eventos del Consejo de la Judicatura.
La misma administración que hoy asegura no tener dinero público para operar fue la que autorizó este gasto de manera consecutiva. Los trabajadores de base manifestaron su inconformidad ante los privilegios que los altos mandos mantuvieron a costa del presupuesto estatal.
Contratos inflados y líneas telefónicas fantasma
Una rigurosa auditoría interna expuso los costos de la opacidad en las contrataciones de los últimos años. Un convenio de internet que se pagaba en 500 mil pesos anuales se redujo a 350 mil con un simple estudio de mercado, evidenciando un daño de 150 mil pesos por falta de supervisión.
Además, se detectó que de 190 líneas telefónicas fijas pagadas por el erario, al menos 40 no funcionaban y nadie lo había reportado. En Jiutepec, un contrato de arrendamiento forzoso a diez años fue renegociado, bajando la renta de 85 mil a 65 mil pesos mensuales, logrando un ahorro de 240 mil pesos anuales.
Recursos garantizados sólo hasta septiembre
García Tinoco reconoció que los fondos actuales del tribunal apenas alcanzan para cubrir los compromisos laborales hasta el mes de septiembre. Las autoridades judiciales informaron que buscan ser razonables con el gasto corriente para intentar cumplir con las obligaciones básicas de la institución.
De los 321 millones de pesos solicitados al Poder Legislativo el pasado 8 de mayo, 37 millones se requieren de forma inmediata. Ese dinero en específico se destinará para cubrir el pago de pensiones de los años 2025 y 2026 que ya debieron haberse liquidado a los trabajadores retirados.