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El futuro de la justicia en Morelos: ¿Por qué se necesitan 57 mdp para la oralidad civil y familiar?

Comunidad

La modernización judicial en Morelos, en la cuerda floja: ¿Hay tiempo y recursos para cumplir con la ley de 2027?

Marcela Garcia Aparicio
Justicia oral
Justicia oral

CUERNAVACA.- El Poder Judicial de Morelos requeriría un presupuesto aproximado de 57 millones de pesos para poner en marcha el nuevo sistema de justicia oral en materia civil y familiar dentro del estado.

Así lo dio a conocer Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial, al detallar el diagnóstico preliminar de las necesidades operativas de la entidad.

El plan inicial contempla arrancar operaciones en al menos 10 juzgados distribuidos en los nueve distritos judiciales, priorizando a Cuernavaca y Cuautla por registrar la mayor carga de expedientes.

Infraestructura millonaria y nuevos juzgados

El costo para equipar una sola sala de juicio oral con tecnología de videograbación asciende a 1.5 millones de pesos, sumando 15 millones para las 10 salas requeridas.

A esta cantidad se le añaden 42 millones de pesos necesarios para la creación de tres juzgados nuevos, los cuales tienen un costo estimado de 14 millones anuales cada uno.

Para optimizar los recursos, la estrategia prevé la reconversión de juzgados actuales al modelo oral o mixto, además de gestionar inmuebles en comodato, compra o renta.

Escenario nacional y alternativas de conciliación

Esta modernización responde a la implementación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con fecha límite fijada para abril de 2027.

No obstante, Morelos y otras 14 entidades enfrentan severas complicaciones financieras, por lo que a nivel nacional se evalúa solicitar una prórroga hasta el año 2030.

En caso de que el plazo original se mantenga, las autoridades judiciales confirmaron que la partida requerida ya fue integrada en la planeación presupuestal hacia 2027.

Finalmente, el Poder Judicial apuesta a la conciliación previa mediante la certificación de aproximadamente 120 secretarios de primera instancia, buscando resolver controversias civiles y familiares menores sin saturar los juzgados.

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Marcela Garcia Aparicio
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