Cuernavaca.- Los ayuntamientos de Morelos ya no podrán solicitar ampliaciones presupuestales al Congreso del Estado para justificar el incumplimiento de sentencias judiciales por laudos laborales e indemnizaciones.
Con esta medida, entra en vigor un freno legal contra una práctica recurrente que permitía a los gobiernos municipales retrasar por lo menos 60 días el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los tribunales.
La prohibición quedó establecida en el Decreto 1950, publicado el 11 de noviembre en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". La reforma modifica la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y surte efectos legales desde este 12 de noviembre.
Cabildos asumirán la autorización de recursos
El cambio legislativo adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 40 de la citada ley. En él se estipula que cualquier ampliación presupuestal de los municipios debe ser solicitada y autorizada de forma exclusiva por sus propios cabildos o concejos municipales.
De esta manera, las administraciones locales quedan impedidas para recurrir al Poder Legislativo en busca de respaldos administrativos que frenen sus obligaciones financieras derivadas de juicios.
El mecanismo para evadir el pago de sentencias
De acuerdo con la justificación de la reforma, diversos gobiernos municipales enviaban oficios al Congreso pidiendo recursos extra, aun cuando sabían que dicho trámite resultaba legalmente improcedente.
Posteriormente, los alcaldes presentaban la copia de esas gestiones ante los órganos jurisdiccionales. Su objetivo era simular que buscaban dinero para liquidar sus adeudos y así conseguir que el juez aplazara la ejecución de la sentencia.
Esta maniobra administrativa no garantizaba el pago real a los acreedores, pero sí prolongaba los procesos judiciales por un lapso mínimo de 60 días en perjuicio de los demandantes.
Cómo operaba el retraso en los tribunales
Para dimensionar el alcance del problema, cuando un trabajador ganaba una demanda laboral y un tribunal ordenaba indemnizarlo, el ayuntamiento turnaba un oficio de solicitud de ampliación al Legislativo.
Con ese documento en mano, la autoridad municipal argumentaba ante el juzgador que el pago estaba en trámite. A partir de la entrada en vigor del Decreto 1950, el municipio deberá gestionar y obtener la aprobación del recurso directamente en su sesión de cabildo.
La iniciativa fue promovida por la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega. El decreto ordena notificar formalmente de esta disposición a los 36 ayuntamientos y a todos los órganos jurisdiccionales de la entidad.
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