La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó este 2 de noviembre de 2026 que Inés Gómez Mont, detenida el 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes libradas por jueces federales mexicanos. Una fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Inés “N” habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de empresas fantasma. Además, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, omitiendo el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Godoy calificó estas conductas como graves.
El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, recursos destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país. Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, mientras el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos. “Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de personas”, señaló la fiscal.
Detención en Florida: intercambio de información, pero por situación migratoria
La FGR confirmó el 30 de octubre la detención de Inés “N” en Miami, Florida, derivada del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos. En ese primer comunicado se mencionó una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada. El 2 de noviembre, Godoy precisó que la detención actual obedece a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses. En septiembre de 2025 México solicitó su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia de EU, integró la petición formal. En las últimas semanas se intercambió información y se entregaron las órdenes vigentes.
De determinarse su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México. Inés “N” goza de la presunción de inocencia; serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad. “A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante ellos. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, cerró Godoy.
Según reportes, permanece en el Centro de Transición de Broward (Broward Transitional Center), en Pompano Beach, Florida, administrado por The GEO Group bajo contrato con el ICE. Su defensa presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal del Distrito Sur de Florida (juez Jeffrey Kuntz) para revisar la legalidad de la custodia y evitar un traslado; el juez rechazó la medida de emergencia inmediata, pero ordenó al ICE justificar la detención a más tardar el 4 de noviembre.
Antecedentes del caso: contratos del OADPRS, empresas fantasma y fuga desde 2021
Las investigaciones se remontan a 2019, cuando la FGR (entonces PGR) abrió una carpeta por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Involucran a Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga (conocido en reportes como “rey de las factureras”), su hermano Alejandro Álvarez Puga y otras personas, además de empresas vinculadas a contratos del OADPRS (dependiente de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, bajo Miguel Ángel Osorio Chong).
Reportes judiciales y de la FGR de años previos hablan de dos contratos por alrededor de 2 mil 950 millones de pesos (cifra cercana a la de 2 mil 450 mencionada por Godoy) para sistemas de seguridad, interconexión y equipamiento de centros federales de readaptación social, adjudicados en 2016. Una empresa mencionada es Seguridad Privada Inteligencia Cibernética. El dinero se habría triangulado mediante cientos de operaciones bancarias (algunos reportes citan más de 1.400) a través de empresas fantasma o “factureras” que simulaban operaciones sin infraestructura real. La FGR ha atribuido depósitos por alrededor de 14 millones 843 mil pesos a cuentas de Gómez Mont provenientes de firmas como Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.
En septiembre de 2021 un juez federal (Iván Aarón Zeferín Hernández, Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez) giró órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en algunos reportes, peculado. Interpol emitió fichas rojas en octubre de 2021. La pareja salió de México y se estableció en Florida. En septiembre de 2026 Interpol retiró las notificaciones rojas (tras un recurso de la defensa argumentando, entre otros puntos, carácter político del caso). La presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó de “factureros reconocidos” y anunció que el gobierno pediría su reactivación. Las órdenes mexicanas permanecen vigentes.
Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 en Miami por autoridades migratorias estadounidenses y quedó sujeto a un procedimiento migratorio (reportes indican que obtuvo libertad bajo fianza en algún momento y tiene audiencias pendientes). México mantiene gestiones de extradición.
Contexto y alcance
El caso forma parte de investigaciones más amplias sobre el uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos destinados a seguridad penitenciaria durante la administración anterior. Involucra a exfuncionarios del OADPRS y se relaciona con esquemas de triangulación que, según la FGR, buscaban ocultar el origen ilícito de los fondos y beneficiar a particulares. Las órdenes por defraudación fiscal equiparada se suman a las de delincuencia organizada y lavado.
La detención migratoria no equivale automáticamente a extradición; depende de la resolución de las autoridades de Estados Unidos. Mientras tanto, la FGR mantiene la coordinación y está preparada para ejecutar los mandamientos en territorio mexicano. El mensaje de Godoy subraya el compromiso de la institución con la investigación de desvíos de recursos públicos y la obligación de que las personas investigadas comparezcan ante tribunales.
Inés Gómez Mont, exconductora de televisión (programas como Ventaneando), ha negado en el pasado las acusaciones y su defensa ha sostenido en ocasiones que se trata de persecución política. Las autoridades mexicanas reiteran que la responsabilidad se determinará en juicio, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Este caso sigue generando seguimiento por el monto de los contratos investigados, el perfil público de la involucrada y las implicaciones en la cooperación bilateral México-Estados Unidos en materia de extradición y migración. La FGR ha reiterado que continuará las acciones para que los investigados enfrenten la justicia mexicana.
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