Nueva York, Estados Unidos.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, acudió este lunes a su primera audiencia frente a la jueza federal Katherine Polk, para ser presentado formalmente como parte del proceso penal que enfrenta en el extranjero.
El exfuncionario estatal es acusado por el Departamento de Justicia de mantener presuntos nexos con la facción de Los Chapitos, el grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La sesión legal comenzó en la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el exsecretario compareció con una cadena amarrada a los pies y evitó realizar declaraciones ante los fiscales.
Advierten ola de acusaciones contra funcionarios
Durante la diligencia judicial se detalló que el general en retiro podría buscar un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses para adquirir beneficios procesales significativos.
Entre estos recursos legales se encuentra la reducción sustancial de su sentencia o incluso una nueva identidad, en caso de concretarse su participación formal bajo la figura de testigo protegido.
La jueza del caso lanzó una fuerte advertencia al asegurar que "vendrán olas de acusaciones", en referencia a los diez funcionarios señalados por vínculos con la delincuencia organizada.
El búnker donde comparte reclusión en Brooklyn
Entre los personajes políticos bajo investigación de los fiscales norteamericanos se encuentra Rubén Rocha Moya, quien actualmente se desempeña como gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
La entrega del exmilitar a la justicia de los Estados Unidos ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando el exfuncionario salió del país desde Hermosillo, Sonora, para ingresar por la frontera de Arizona.
Luego de su arresto, fue ingresado de forma inmediata al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, un penal federal de máxima seguridad donde comparte reclusión con capos de alto perfil.
En ese mismo módulo carcelario se encuentran recluidos Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, exlíder de las organizaciones de Guadalajara y Caborca.
Los sobornos y los tres cargos que le imputan
Doce días antes de su entrega voluntaria, Gerardo Mérida fue acusado formalmente en la corte neoyorquina por presuntamente recibir sobornos en efectivo a cambio de otorgar protección institucional.
Las investigaciones señalan que aprovechó su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública para proporcionar notificaciones previas de los operativos federales en narcolaboratorios de la entidad.
Estas alertas ocurrieron principalmente en 2023, permitiendo la evacuación de sustancias ilícitas y personal en al menos 10 operativos, además de ordenar no detener a los miembros de dicha facción.
De acuerdo con el expediente oficial del Departamento de Justicia, el exfuncionario aceptó más de 100 mil dólares mensuales en efectivo por parte de la organización criminal. Los tres cargos imputados son:
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Conspiración para la importación de narcóticos.
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Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
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Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
En caso de ser declarado culpable de los tres delitos federales, Gerardo Mérida Sánchez podría ser sentenciado a una pena mínima de 40 años de prisión o enfrentar la cadena perpetua.