La protesta por agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara derivó en enfrentamientos, detenciones y denuncias de abusos policiales el 11 de octubre de 2026. El saldo oficial fue de 39 detenidos y 59 lesionados: 31 civiles y 28 policías.
Tras los hechos, Morena, Hagamos, Futuro y el PT en el Congreso de Jalisco exigieron separar del cargo al secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, mientras se investigan las actuaciones policiales.
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla explicó el pronunciamiento en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, para El Heraldo Radio. Cuestionó la respuesta de las autoridades ante una protesta que consideró previsible.
Denuncian detenciones irregulares y agresiones
Bravo Padilla afirmó que recibieron testimonios sobre detenciones arbitrarias, golpes e irregularidades durante la custodia de los manifestantes.
“Nosotros solamente hemos hecho un pronunciamiento en relación al tema del jefe de del Secretario de Seguridad. El Secretario de Seguridad es quien tiene bajo su mando a la fuerza pública”, señaló.
El legislador sostuvo que algunos detenidos habrían permanecido en Casa Jalisco antes de ser trasladados a la Fiscalía estatal.
“Hemos tenido nosotros una multiplicidad de testimonios de personas no solamente que fueron objeto de represión ahí en los hechos, sino que una vez que fueron capturados o que fueron aprehendidos, que fueron detenidos, no se les puso a disposición ni de manera inmediata de acuerdo a los protocolos”, declaró.
Las denuncias deberán ser investigadas para determinar posibles responsabilidades y esclarecer si hubo violaciones a los derechos humanos.
Investigan a 17 policías por el operativo
El 15 de octubre, la Secretaría de Seguridad informó que 17 policías estatales fueron identificados por presuntamente incumplir los protocolos durante la protesta.
Según Quadratín Jalisco, Asuntos Internos revisó más de 200 videos y las comparecencias de los elementos. Las posibles sanciones van desde amonestaciones hasta la separación del cargo.
El gobernador Pablo Lemus reconoció errores en el operativo y solicitó revisar la actuación policial con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Las bancadas exigen esclarecer la responsabilidad de los mandos y de los elementos involucrados.
La protesta surgió por la calidad del agua
La movilización comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco. Los participantes reclamaron soluciones a los problemas de calidad del agua denunciados durante meses.
El Gobierno de Jalisco estimó una asistencia de 10 mil personas y atribuyó los disturbios a un grupo de aproximadamente 400. Manifestantes y organizaciones, por su parte, cuestionaron la actuación policial.
Bravo Padilla sostuvo que las autoridades debieron anticipar el descontento y evitar una escalada de violencia.
“Se preveía desde hace días, semanas por la inconformidad creciente que había en torno al servicio de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara”, expresó.
El diputado pidió sustentar con pruebas las acusaciones contra los manifestantes y revisar los videos para identificar a los presuntos responsables.
“Si hay manifestantes que hicieron violencia y que fueron ahí actuar de manera violenta, evidentemente nadie está pidiendo que se les exima, pero primeramente hay que demostrarlo”, afirmó.
Solicitan atención médica y seguimiento de derechos humanos
Bravo Padilla señaló que los afectados solicitan atención médica por las lesiones denunciadas, además de aclaraciones sobre pérdidas económicas y bienes.
“La gente nos está pidiendo apoyo para atención médica. La gente evidentemente sale con contusiones, golpes en todos lados”, indicó.
También mencionó reclamos por motocicletas y vehículos cuya situación debe esclarecerse.
El legislador refirió la intervención de organismos como Amnistía Internacional, la Relatoría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Mientras continúan las investigaciones sobre los policías identificados y las detenciones, las cuatro bancadas mantienen su exigencia de separar del cargo al secretario de Seguridad y determinar las responsabilidades correspondientes.
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