La fuga y protección de Estados Unidos al exfiscal de Chihuahua Guillermo Zuany Portillo escaló la tensión bilateral tras revelarse sus vínculos operativos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
De acuerdo con un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, el exfuncionario abandonó territorio mexicano a pesar de contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.
Las autoridades federales lo buscan por haber facilitado la incursión y operación encubierta de agentes de inteligencia extranjera en suelo chihuahuense sin la autorización del gobierno de México.
Un pacto secreto a cambio de recuperar su visa
La investigación periodística, sustentada en documentos confidenciales y testimonios de funcionarios de ambos países, detalla que Zuany actuó como el principal enlace de la CIA en el estado durante más de seis meses.
Desde el otoño pasado, el entonces titular dentro de la fiscalía de Chihuahua coordinó a los elementos estadounidenses con las corporaciones policíacas locales para realizar tareas de capacitación y acciones contra el narcotráfico.
El rotativo señala que esta colaboración respondió a un intercambio directo: mientras Zuany abría las puertas a los agentes extranjeros, la administración de Donald Trump le restituyó su visa.
Antecedentes penales y alertas ignoradas por Washington
Dicho documento migratorio le había sido revocado meses atrás luego de que instancias federales mexicanas alertaran al FBI sobre los presuntos nexos del exfuncionario con organizaciones criminales.
A pesar de estos señalamientos y de contar con denuncias previas por su supuesta complicidad en el homicidio de dos policías en 2022, la agencia estadounidense decidió utilizarlo como contacto clave.
Esta decisión expuso las grietas en los mecanismos de control y confianza dentro de los cuerpos de procuración de justicia estatales en el norte del país.
El accidente que destapó la operación encubierta
La presencia clandestina de personal de inteligencia extranjero en Chihuahua salió a la luz pública en abril pasado, luego de registrarse un accidente carretero en el que perdieron la vida dos agentes de la CIA.
El incidente provocó un fuerte choque político entre los gobiernos federal y estatal debido a la violación de los protocolos de seguridad nacional y soberanía.
A raíz del escándalo, el entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, presentó su renuncia al cargo, seguido días después por la salida oficial de Zuany Portillo el 13 de mayo.
Crisis de soberanía e implicaciones en la cooperación bilateral
Recientemente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de órdenes de aprehensión contra el exfuncionario por este caso, aunque hoy se sabe que permanece resguardado al norte de la frontera.
El caso marca un punto crítico en la cooperación bilateral en materia de seguridad, al evidenciar acuerdos paralelos entre autoridades locales y agencias extranjeras al margen de la ley mexicana.
Actualmente, el gobierno federal mantiene vigentes las solicitudes de captura y evalúa los mecanismos diplomáticos y jurídicos de extradición, mientras la fiscalía de Chihuahua enfrenta una reestructuración profunda para recuperar la credibilidad institucional.
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