Cuernavaca.- El conflicto laboral que mantiene paralizadas las operaciones de la planta farmacéutica Uquifa no responde a un colapso en el sector industrial del estado, sino a un severo problema fiscal que derivó en el congelamiento de los recursos financieros de la empresa, lo que impidió el pago de la nómina.
Víctor Sánchez Trujillo, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), reveló que la compañía arrastra un litigio de casi un año con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este conflicto legal se originó por la importación de equipos durante la crisis sanitaria de COVID-19.
En ese periodo de contingencia, la farmacéutica experimentó un crecimiento acelerado en su producción, lo que la llevó a adquirir maquinaria del extranjero. Sin embargo, los procedimientos hacendarios terminaron en un millonario crédito fiscal que hoy asfixia la operatividad de la planta.
Cuentas congeladas impidieron el pago a los trabajadores
El bloqueo de las cuentas bancarias por parte de las autoridades federales dejó a la administración de Uquifa con las manos atadas. La falta de liquidez inmediata no solo afectó el pago corriente de los salarios de los obreros, sino también las aportaciones obligatorias al IMSS y al Infonavit.
Esta situación laboral escaló a pesar de que la empresa mantiene una sólida cartera de clientes y una alta demanda de sus productos médicos en los mercados internacionales. La falta de flujo de efectivo fue el detonante directo para que el sindicato tomara las instalaciones.
Antes de colocar las banderas rojinegras, la representación del sindicato nacional de la industria farmacéutica otorgó diversas prórrogas con la intención de que los directivos solventaran el adeudo, buscando salvaguardar la fuente de empleo de los trabajadores morelenses.
El papel del Gobierno del Estado ante el conflicto federal
El funcionario estatal precisó que el Gobierno de Morelos se encuentra limitado para actuar como mediador formal en las mesas de negociación. Esto se debe a que el caso pertenece estrictamente al ámbito federal, tanto por la naturaleza del sindicato como por el litigio fiscal.
A pesar de las restricciones legales, la administración estatal ha mantenido el acompañamiento logístico. Se buscaron opciones de financiamiento de emergencia mediante el esquema de Fondo Morelos, además de participar como observadores en las reuniones entre el sindicato y los patrones.
Sánchez Trujillo fue enfático al señalar que la situación de Uquifa es un caso aislado en la entidad. Descartó de manera rotunda que otras empresas del ramo farmacéutico enfrenten problemáticas similares, asegurando que el sector industrial de Morelos mantiene números positivos y planes de inversión vigentes.
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