Cuernavaca.- El viaje de magistrados del TSJ a España deberá sujetarse a un proceso estricto de comprobación de gastos y fiscalización en caso de que se hayan utilizado recursos públicos para su realización.
Así lo advirtió el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Isaac Pimentel Mejía, tras darse a conocer la partida de los funcionarios judiciales al extranjero.
La polémica surgió luego de confirmarse que cinco integrantes del Tribunal Superior de Justicia solicitaron una licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores.
El permiso cubre el periodo comprendido del 26 de octubre al 6 de noviembre del presente año, acumulando un total de 12 días de ausencia laboral.
Exigen transparencia e investigación de gastos
Isaac Pimentel Mejía señaló que el Poder Legislativo se mantiene estrictamente respetuoso de la autonomía constitucional que goza el Tribunal Superior de Justicia.
Pese a dicha independencia, el legislador fue contundente al manifestar que la Cámara de Diputados no respalda ni avala el viaje con goce de sueldo.
Sostuvo que cualquier monto proveniente del erario que sea canalizado a este viaje académico requiere una comprobación transparente ante los órganos fiscalizadores.
El congresista enfatizó que el manejo de las finanzas públicas exige responsabilidad absoluta por parte de todos los servidores públicos de la entidad.
La ciudadanía de Morelos exige que los fondos asignados a la impartición de justicia no sufran desviaciones ni abusos bajo el argumento de la capacitación.
Formación académica versus realidad presupuestal
El diputado presidente admitió que la actualización constante y la preparación académica de los impartidores de justicia resulta un elemento deseable y positivo.
Sin embargo, subrayó que toda actividad de actualización internacional debe alinearse a la disponibilidad presupuestal y a la austeridad que exige la entidad.
Los cinco juristas contemplan cursar un programa de doctorado durante casi dos semanas en la península ibérica, ausentándose de sus salas de ponencia.
Esta situación genera tensión debido al rezago en la resolución de expedientes y juicios que enfrenta actualmente el Poder Judicial en la entidad.
Abogados litigantes y barras de profesionales han manifestado inquietud por la paralización temporal que representa la falta de titulares en sus juzgados.
La responsabilidad de los órganos de control
Pimentel Mejía remarcó que corresponde al propio Poder Judicial, mediante su Junta de Administración y sus órganos internos de control, normar estas decisiones.
Serán esas áreas administrativas las encargadas de dictaminar el origen exacto del financiamiento y la validez legal de las licencias laborales otorgadas.
También recae en ellos la obligación de verificar si los gastos de boletos de avión, hospedaje y viáticos salieron del bolsillo de los magistrados o del presupuesto institucional.
El Congreso del Estado mantendrá abierta la revisión de las cuentas públicas anuales para garantizar que no existan irregularidades en el ejercicio fiscal.
Con estas declaraciones, el Legislativo fija una postura firme frente a la discrecionalidad en el uso de viáticos dentro de los órganos autónomos de Morelos.
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