Cuernavaca.- Una grave acusación penal persigue al entorno judicial del estado. Tras obtener una sentencia absolutoria que la libró de prisión, la activista Xóchitl Ramírez Velasco anunció que presentará una denuncia formal en contra del exfiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señalándolo directamente por la presunta fabricación del delito de secuestro en su contra.
La defensora de derechos humanos afirmó que este montaje judicial fue una represalia directa tras haberse negado a pagar una extorsión. Según su testimonio, los hechos ocurrieron mientras realizaba labores de protección y defensa de mujeres víctimas de violencia en la entidad.
El origen del caso contra la activista
Ramírez Velasco, cobijada por integrantes de diversos colectivos locales, relató que esta persecución comenzó a gestarse desde marzo del año 2019. Sin embargo, su captura no se ejecutó sino hasta mayo de 2023, un desfase de cuatro años que la afectada califica como una de las tantas inconsistencias del proceso.
Durante todo ese tiempo, la litigante continuó desempeñando sus funciones de manera pública y visible en Morelos. La activista explicó que antes de ser recluida recibió exigencias económicas por "cobro de piso" de personajes ligados a cúpulas del poder político y de la delincuencia organizada.
Un giro en la Fiscalía de Morelos
El panorama legal para la litigante cambió de forma drástica recientemente. De acuerdo con sus declaraciones, el relevo institucional y la reestructuración dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) propiciaron que su expediente fuera analizado bajo una óptica distinta y apegada a derecho.
Esta revisión profunda y con perspectiva de género permitió dejar al descubierto las fallas en la carpeta de investigación de la administración pasada. El resultado final fue el reconocimiento pleno de su inocencia y la posterior orden de liberación inmediata.
Exigen reparación de daños a las víctimas
El impacto de este encarcelamiento provocó severos estragos en el entorno de la litigante. Ramírez Velasco denunció públicamente que su madre sufrió una embolia al enterarse de la detención, además de provocar afectaciones económicas y emocionales a sus hijos y familiares cercanos.
Por ello, la afectada confirmó que enviará una carta formal a la gobernadora Margarita González Saravia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia. En la misiva exigirá el cese definitivo al hostigamiento y que se ponga en marcha un plan de reparación integral del daño.
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