Cuernavaca.- El reciente ataque armado que cobró la vida de dos personas y dejó a cinco más lesionadas en la colonia Altavista destapó una red de irregularidades, presunta corrupción y falta de control administrativo dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca en la regulación de giros negros.
El establecimiento ubicado sobre la calle Otilio Montaño, escenario de la agresión durante la madrugada del 2 de agosto, operaba en la total clandestinidad y sin los permisos correspondientes. Esta situación provocó que regidores de Morena exigieran de manera formal transparentar las acciones de inspección a establecimientos con venta de alcohol.
Deficiencias en el control municipal
Los concejales de la Comisión de Alcoholes cuestionaron abiertamente que negocios sin autorización permanezcan abiertos al público sin ser molestados. Advirtieron que el gobierno municipal desconoce o ha decidido no informar cuántos bares funcionan de forma ilegal o con licencias vencidas.
El regidor Alan Moreno aclaró que la comisión únicamente dictamina las solicitudes que cumplen estrictamente con los requisitos de ley. Señaló que las inspecciones, clausuras y operativos de vigilancia corresponden directamente a la Secretaría General del Ayuntamiento, encabezada por Óscar Cano Mondragón.
Los regidores enfatizaron que el control administrativo es vital para la seguridad pública. Ante la ola de quejas ciudadanas por omisiones y cobros indebidos, anunciaron que solicitarán un informe detallado sobre el padrón de verificadores, las clausuras ejecutadas y el número real de giros negros detectados.
Funcionarios admiten corrupción y licencias apócrifas
La gravedad de la situación fue confirmada por el propio secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Cuernavaca, Marcos Manuel Suárez Gerrard. El funcionario admitió la existencia de bares clandestinos, el uso de licencias presuntamente apócrifas y posibles actos de corrupción cometidos por verificadores.
Suárez Gerrard confirmó la clausura inmediata de tres negocios irregulares en zonas como Ejidos de Acapantzingo y Altavista. Sin embargo, la medida ocurrió de forma reactiva únicamente después del violento evento sangriento que conmocionó a los vecinos del sector.
Asimismo, el funcionario reveló un detalle crítico sobre la rendición de cuentas: las cámaras corporales asignadas a los inspectores para vigilar y transparentar cada visita llevan aproximadamente un año arrumadas y sin utilizarse, facilitando la extorsión y el moche.
La ciudadanía exige que las investigaciones no queden únicamente en el papel y se proceda legalmente contra los servidores públicos que permitieron el funcionamiento de estos espacios al margen de la ley.
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