La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Morelos, María Eugenia Boyas Ramos, confirmó que la menor de edad que perdió la vida tras ser atropellada en Cuernavaca sí se encontraba en condiciones de trabajo infantil, lo que constituye un delito.
Explicó que la niña estaba bajo el cuidado de una persona señalada como responsable de un ilícito. “Nos corresponde salvaguardar los derechos integrales de niñas, niños y adolescentes, por eso hemos trabajado de manera coordinada con el DIF, la Secretaría de Seguridad Pública, la de Gobierno, el Registro Civil y la Comisión de Derechos Humanos, entre otras instancias, para que hechos así no se repitan”, señaló.
Boyas Ramos rechazó que exista omisión por parte de las autoridades, pero advirtió que también la ciudadanía comparte responsabilidad al no denunciar situaciones de riesgo. “Todos vemos en semáforos a menores trabajando, bailando o haciendo malabares; si nos quedamos callados, nos volvemos omisos. Debemos dar parte a las autoridades, porque tener a niños en situación de calle o trabajo es un delito”, subrayó.
La titular de Sipinna indicó que cuando los padres permiten que sus hijos trabajen o los dejen al cuidado de terceros incurren en omisión de cuidados, y en algunos casos podría configurarse el delito de trata. Aunque aclaró que en este caso no se tienen indicios de redes de explotación, recordó que las fiscalías especializadas en trata de personas son las responsables de investigar y sancionar estas conductas.
“Debemos estar vigilantes y actuar de inmediato para proteger a la niñez y adolescencia de Morelos”, enfatizó.
Incorporarán a abogado que hable náhuatl
La Defensoría Pública del Estado de Morelos anunció que en breve se incorporará un defensor de oficio que domina la lengua náhuatl y tiene conocimientos de otras lenguas originarias, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a la población indígena.
Everest Alejandra López Romero, titular de la Dirección General de la Defensoría Pública, informó que actualmente no cuentan con traductores, pues su labor se centra en la representación de personas privadas de la libertad y en brindar asesoría jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y mercantiles a grupos de atención prioritaria. Sin embargo, destacó que contar con un defensor que hable náhuatl permitirá mejorar la atención y evitar barreras lingüísticas.
La funcionaria adelantó que también se prepara la firma de un convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para disponer de traductores en distintos procesos. “Aproximadamente entre el 5 y 7 por ciento de los asuntos que atendemos corresponden a población indígena. Aunque es una cifra menor, siempre se da atención puntual, incluso con requerimientos de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos”, señaló.
Actualmente, la Defensoría cuenta con 43 abogados y para 2027 necesitará al menos 27 más, debido a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obligará a garantizar asesoría gratuita en nuevas materias. Cada defensor atiende hoy entre 70 y 100 expedientes, lo que muestra la necesidad de ampliar la plantilla.
López Romero confirmó que ya está en puerta la contratación de un abogado indígena y reiteró que existe apertura para fortalecer la representación legal de los grupos vulnerables en la entidad.
Marcela García / marcela.garcia@diariodemorelos.com