En Morelos existe una coincidencia ineludible: la urgente necesidad de reducir la inseguridad. Es un flagelo que afecta a todas las capas sociales y nos mantiene en una zozobra permanente. En colaboraciones anteriores he sostenido que la política pública debe ser el instrumento principal para combatir al crimen. Experiencias internacionales como las de Medellín y Barcelona demuestran que, si bien no se trata de copiar modelos, sí existe una ruta clara para contener la violencia criminal mediante la participación ciudadana.
En los casos de éxito, destaca un elemento central: la sociedad no solo acompaña, sino que conduce, en coordinación con la autoridad, la transformación de su entorno. Como diría Maquiavelo: “Divide et impera” (divide y vencerás). Hoy, el crimen organizado utiliza precisamente esa división para someternos. Nuestra respuesta debe ser la contraria: la cohesión comunitaria para recuperar el tejido social.
Debemos entender el problema desde todas sus aristas, y para ello, el material científico es vasto. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) nos brinda un diagnóstico integral, riguroso y profesional. Al mapear los polígonos de alta incidencia —como Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec—, el INSP identifica factores de riesgo como la deserción escolar, el embarazo adolescente y la falta de servicios básicos. Estos no son solo datos estadísticos; son el caldo de cultivo donde germina la violencia.
La evidencia científica es contundente. La investigadora Dra. Luz Arenas (INSP), ha explicado científicamente que la violencia de pareja no se resuelve con más policías, sino interviniendo en los vínculos familiares y comunitarios. Si el delito con mayor volumen en nuestro estado es la violencia familiar —superando incluso al crimen organizado según datos del SESNSP—, entonces la estrategia actual está errando el blanco al enfocarse solo en la fuerza reactiva. Debemos invertir en el mejoramiento de los barrios y en la salud mental de nuestra población. No sólo en patrullas y cámaras.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) refuerza esta tesis al advertir que fenómenos como riñas, consumo de alcohol en calles y disparos cercanos son el síntoma de una “vecindad fallida”. La violencia comienza allí, en la cotidianidad erosionada. Por el contrario, los estudios del INSP demuestran que los lazos vecinales funcionan como una vacuna eficaz contra el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales.
El Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS/INSP) ha publicado herramientas concretas, como el Manual de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, que detalla cómo estructurar mesas de trabajo sociedad-gobierno para diseñar planes que trasciendan trienios y sexenios. El liderazgo debe recaer en la cohesión comunitaria, no exclusivamente en la fuerza reactiva del Estado.
No queda mucho tiempo antes de que la crisis institucional sea irreversible. Urge que la ley faculte a la sociedad organizada para construir la paz allí donde el Estado no puede llegar: en la familia y el barrio. Las bases ya existen: el Plan Estatal de Desarrollo (PED) provee el marco legal —el cual debemos perfeccionar—, el INSP aporta la evidencia científica, y el INEGI, la estadística. La academia está dispuesta a colaborar. El siguiente paso no es técnico, sino político: transferir la conducción de la seguridad a manos de una sociedad organizada y consciente. Es momento de dejar de ser víctimas de la división para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia seguridad.
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