La salud financiera de un Estado no se mide por el tamaño de su presupuesto, sino por el destino de sus pesos. El paquete económico de Morelos es de casi 40 mil millones de pesos. Una cifra que, en el papel, sugeriría margen de maniobra. Sin embargo, al desmenuzar la clasificación económica del gasto, la realidad emerge con crudeza: el gasto corriente —aquel destinado a la operación diaria, nóminas y compromisos — devora entre el 78% y el 80% de los recursos totales. En contraste, la inversión pública productiva, el verdadero motor del desarrollo, apenas sobrevive con un raquítico margen inferior al 6%.
Esta asfixia presupuestal adquiere su verdadera dimensión cuando nos miramos en el espejo de entidades con población parecida. Quintana Roo o Querétaro, operan bajo lógicas financieras radicalmente distintas. Mientras Morelos destina casi ocho de cada diez pesos a mantener a flote su aparato burocrático, Querétaro asigna más del 20% de su presupuesto directamente a infraestructura y gasto de capital.
¿Cómo se construyen esas realidades paralelas? La respuesta está en la autonomía fiscal. Morelos padece una vulnerabilidad estructural alarmante, dependiendo en casi un 90% de las transferencias federales. Aquí es donde el Ramo 28 (Participaciones Federales) adquiere una relevancia crítica. Al ser recursos de libre disposición, las participaciones federales están directamente condicionadas por la Ley de Coordinación Fiscal, la cual premia el “esfuerzo fiscal” local. O sea: a mayor recaudación del Estado, la federación le da más.
Estados como Querétaro descifraron esta fórmula hace décadas mediante una estrategia integral de tecnificación. Automatizaron el cruce de datos con el SAT e IMSS para erradicar la subdeclaración del Impuesto Sobre Nómina (ISN). Los ayuntamientos no tenía manera de hacer el cobro eficiente del impuesto predial. El Estado se encargó de la recaudación mediante convenios y así logró eficientes el catastro con tecnología, al tiempo de digitalizar el 100% de sus trámites. El resultado no solo fue un incremento en sus ingresos propios, sino un efecto multiplicador que obligó a la Federación a enviarles más fondos del Ramo 28. !Eureka!
Morelos Rinde Cuentas puso el dedo en la llaga. Mostró que los reportes del IMSS tienen una tendencia preocupante: el estado registra cada vez menos patrones formalizados. Las empresas no solo cierran; muchas migran a la informalidad o a lugares con mayor certidumbre. Esta sangría de contribuyentes cautivos neutraliza cualquier intento de fiscalización tradicional y reduce la base gravable del ISN. La Federación castiga en consecuencia nuestras futuras participaciones federales.
Es justo reconocer que el nuevo Plan Estatal de Desarrollo (PED), diagnostica correctamente el problema. El PED contempla directrices puntuales para transitar hacia un Presupuesto basado en Resultados (PbR), contener el gasto operativo y apostar por la digitalización como herramienta de simplificación administrativa y combate a la corrupción.
Sin embargo, las buenas intenciones del PED se topan con el modo de gobernar: la discontinuidad sexenal. Mientras las entidades federativas exitosas blindan sus áreas de recaudación y atracción de inversiones mediante un servicio civil de carrera e instituciones técnicas que trascienden los vaivenes políticos, en Morelos reinventamos la administración pública cada seis años. La curva de aprendizaje de cada transición se paga con parálisis y pérdida de competitividad.
Morelos no saldrá de este círculo vicioso mediante soluciones coyunturales o paliativos presupuestales. Los modelos exitosos no tienen vuelta y se debe tomar en serio la creación de organismos autónomos y profesionales —un SAT local y una Agencia de Desarrollo Económico de largo plazo— sin cuotas partidistas y plazos electorales. Solo institucionalizando el esfuerzo fiscal y garantizando certidumbre jurídica más allá de los límites de un sexenio, podremos transformar el presupuesto en una auténtica palanca de progreso. Urge mirar al futuro con visión de Estado, no de calendario ni de ideología.
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