El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2025-2030 de Morelos aunque parezca técnico, es la base de cualquier esperanza de cambio: la vinculación estricta entre la estrategia y el bolsillo. Por primera vez, se plantea un presupuesto basado en resultados: si una acción no está alineada con los ejes del PED, simplemente no hay fondos. Es un avance mayor; es el reconocimiento de que la seguridad no puede seguir siendo un ejercicio de ocurrencias sexenales, sino una política de Estado con metas auditables.
Durante 2025, esta estructura pareció rendir sus primeros frutos. Los datos oficiales reflejaron una caída en homicidios dolosos y un descenso drástico del 70% en el robo a transportistas. Sin embargo, la realidad morelense es una hidra de múltiples cabezas. Mientras esos delitos cedían, la extorsión —el asfixiante “derecho de piso”— los homicidios y la violencia familiar mostraron un repunte alarmante. Los primeros meses de 2026 han confirmado esta tendencia: el crimen organizado se repliega en ciertos sectores, pero la violencia en el hogar alcanza cifras récord de casi 1,500 casos mensuales, y la tasa de homicidios se incrementó.
Probablemente este escenario obligó a un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), lo que significa la necesidad de evaluar no solo a las personas, sino la arquitectura misma de la estrategia. La lección es clara: el crimen organizado se combate con inteligencia y fuerza —una labor donde la coordinación con la Federación es vital—, pero la violencia intrafamiliar y la descomposición social demandan un ángulo distinto.
El PED 2025-2030 intenta romper el enfoque reactivo. Define ejes transversales que entienden la seguridad como un subproducto del desarrollo. Se asume que el crecimiento económico y la creación de empleo formal son, en sí mismos, herramientas de seguridad al reducir el margen de reclutamiento de las células delictivas. Asimismo, reconoce que la educación y la cultura son piezas clave para reconstruir un tejido social dañado.
Sin embargo, para que estas políticas sean exitosas, la evaluación debe ser constante y honesta. Es necesario fortalecer a las policías municipales, que son el rostro más cercano de la autoridad. Invertir en cámaras y drones es insuficiente si no contamos con personal debidamente seleccionado y capacitado que no sea cooptado por el crimen. La inteligencia policial es magistral para interceptar flujos de dinero o comunicaciones, pero es ciega ante lo que sucede tras las puertas de una casa en Cuernavaca o Cuautla. Lo doméstico demanda una inteligencia social, no solo tecnológica.
Aquí es donde la participación de la sociedad organizada se vuelve el factor determinante. El Estado debe admitir con humildad que no puede solo. La participación actual es precaria: no basta con pedirle al ciudadano que marque al 911 si no existe la certeza de que su denuncia será protegida y seguida de cerca. Los consejos ciudadanos, aunque existentes, carecen de incidencia real en el presupuesto, convirtiéndose a menudo en espacios de simulación.
La sociedad morelense suele ser activa en asambleas partidarias, pero se muestra renuente o temerosa al participar en la construcción de la paz social. Es un vacío peligroso. El sociólogo de Harvard, Robert Sampson, sostiene que la seguridad depende de la “eficacia colectiva”: la capacidad de los vecinos para intervenir y cuidarse mutuamente. En varios municipios de Morelos, ese tejido está roto; los vecinos ni siquiera se conocen y es en ese aislamiento donde el criminal actúa con impunidad.
Como bien señala la experta Lidia Blázquez Martínez, el riesgo de un enfoque excesivamente reactivo y militarizado es ignorar la proximidad real. El policía debe ser un facilitador de la paz, no solo una fuerza de choque. Además, los planes estatales suelen fallar por estar demasiado centralizados, ignorando las particularidades de cada comunidad.
Hoy vemos una sociedad paciente, pero profundamente cansada. El reciente malestar en instituciones como la UAEM es un síntoma de este agotamiento. El gobierno debe entender que ocultar datos o resultados es un error político y social. Organizaciones como Morelos Rinde Cuentas son actores esenciales para que la sociedad conozca el plan su ejecución y el resultado.
La estrategia para recuperar Morelos es de gran envergadura. No se resolverá en el corto plazo con luchas partidarias. Requiere recursos, inteligencia y mucha voluntad política, pero sobre todo, sentido común para entender que la paz no se decreta desde una oficina: se construye sanando a la familia, fortaleciendo el barrio y devolviendo al ciudadano el papel central que le corresponde en la vigilancia de su propio destino.
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