Con la vista puesta en los próximos procesos electorales, las miradas de las cúpulas partidistas intentan descifrar a un actor cuyo comportamiento elude las herramientas tradicionales de la prospección política: la generación Z. Nacidos entre 1997 y 2012 y la generación Y, (millenials), jóvenes que representan un sector determinante. Sin embargo, su relación con el voto no es igual a la de sus antecesores.
De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Cultura democrática (ENCUDA), la juventud mexicana manifiesta un divorcio progresivo respecto a la democracia representativa tradicional. Más del 65% de los jóvenes entre 18 y 29 años expresa una desconfianza profunda hacia los partidos políticos, los ven como maquinarias burocráticas opacas e inaccesibles. En la dinámica electoral de Morelos, este indicador adquiere un matiz severo: la decepción acumulada tras años de parálisis institucional y de bienestar social.
Para comprender a la nueva generación es importante analizar el sistema de valores sobre el cual conciben al mundo. Crecidos en un entorno de hiper conexión digital, la Gen Z ha sustituido la obediencia por la búsqueda de autenticidad, la equidad y la salud mental. Para este sector que se incorpora a la vida política, la política no es una cuestión entre izquierda y derecha. Les resulta abstracta y carente de sentido práctico. Se movilizan por la justicia climática, la diversidad, los derechos reproductivos y la erradicación de las violencias. Su plaza pública ya no es el mitin de campaña o el comité partidista, sino las redes sociales y la acción horizontal.
Este pragmatismo se explica al examinar los temores estructurales que los acechan en el horizonte cercano. La Generación Z enfrenta una triple vulnerabilidad: la percepción laboral, la inaccesibilidad a la vivienda y la violencia cotidiana. Crecer en un mercado dominado por la economía de plataformas, sin prestaciones ni esquemas de retiro, genera un estado de ansiedad económica. A ello se suma la crisis habitacional que afecta tanto a las ciudades como a zonas rurales de Morelos, donde adquirir un patrimonio es misión imposible.
No obstante, en la entidad, el temor preponderante es la seguridad. La juventud morelense ha vivido su etapa formativa bajo la sombra del crimen organizado, la extorsión y la impunidad. La amenaza de convertirse en cifra estadística mina su desarrollo y condiciona su libertad de convivencia y emprendimiento. Este entorno de riesgo genera una paradoja: mientras la exigencia de paz es la principal demanda de los jóvenes en Cuernavaca, Jiutepec o Cuautla, los partidos insisten en presentar campañas sin propuestas concretas para ellos.
A estos factores de riesgo se añade la disrupción de la inteligencia artificial y la automatización del posible primer empleo. Los análisis sobre el mercado laboral advierten que el primer empleo está amenazado por modelos algorítmicos. La Gen Z se encuentra ante la amenaza real de graduarse para ingresar a un espacio laboral que destruye sus primeros pasos de desarrollo, sin que los planes de desarrollo gubernamentales ofrezcan respuestas o estrategias claras.
Ante el próximo ejercicio electoral, el dilema no es si la Generación Z se interesa por la política, sino si el sistema político actual tendrá la capacidad de interlocución para convocarla. La costumbre de los partidos de instrumentar candidaturas juveniles como mero requisito de cuota o “adorno” de campaña ya no funciona. Tampoco el intento de replicar temas de moda digitales haciéndose los graciosos en las redes y difundiendo sus eventos anacrónicos. La juventud detecta el simulacro y responde con la sanción del abstencionismo o con un voto de castigo.
Si los actores políticos en Morelos aspiran a construir legitimidad en las urnas, deberán transitar del marketing al compromiso ético. La generación Z exige transparencia salarial, políticas reales de vivienda accesible, estrategias de seguridad con enfoque de salud pública y certidumbre frente a la era digital. El voto joven no está garantizado para nadie; se ha convertido en un territorio en disputa donde solo prevalecerá la autenticidad, la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad humana.
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