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Las cam­pa­ñas de las elec­cio­nes del año pró­ximo ya ini­cia­ron. No for­mal­mente. Los aspi­ran­tes a una can­di­da­tura se mue­ven haciendo reu­nio­nes, visi­tas y… mucha gri­lla. Algu­nos segu­ra­mente ya reci­bie­ron ofer­tas de apoyo finan­ciero de per­so­ne­ros. Otros, las van a reci­bir. Nada nuevo. Peeero las cosas han cam­biado.

La reciente inter­ven­ción de la Ope­ra­ción Enjam­bre por parte del Gabi­nete de Segu­ri­dad Fede­ral —que derivó en la aprehen­sión de edi­les, exal­cal­des y man­dos poli­cia­les muni­ci­pa­les vin­cu­la­dos al cri­men orga­ni­zado en la región Oriente de More­los— demos­tró la vul­ne­ra­bi­li­dad de los ayun­ta­mien­tos muni­ci­pa­les ante las mafias. Tam­bién mos­tró la nueva estra­te­gia anti­cri­men. Can­di­da­tos tomen nota. El pro­ceso elec­to­ral de 2027 ofrece la opor­tu­ni­dad de rom­per los acuer­dos ile­ga­les y la impu­ni­dad.

En More­los, al desin­te­grarse el Cár­tel de los

Bel­trán Leyva, el cri­men orga­ni­zado se frag­mentó y sur­gie­ron dis­pu­tas terri­to­ria­les entre cár­te­les nacio­na­les y fran­qui­cias loca­les, que se han ido apo­de­rando de las eco­no­mías de los muni­ci­pios.

De acuerdo con diag­nós­ti­cos de la Fis­ca­lía Gene­ral de la Repú­blica (FGR) e inves­ti­ga­cio­nes espe­cia­li­za­das en segu­ri­dad pública, en la enti­dad ope­ran de forma simul­tá­nea entre 11 y 16 estruc­tu­ras delic­ti­vas. More­los es un pasa­dizo clave para el trá­fico de droga. El Cár­tel Jalisco Nueva Gene­ra­ción (CJNG), la Fami­lia Michoa­cana y fac­cio­nes liga­das al Cár­tel de Sina­loa dis­pu­tan los prin­ci­pa­les corre­do­res de trá­fico, el con­trol de labo­ra­to­rios sin­té­ti­cos y el abas­te­ci­miento de mer­ca­dos loca­les. Agru­pa­cio­nes como Gue­rre­ros Uni­dos, Los Rojos, Comando Tlahuica, Los Linos, Los Mayas o Los de Siem­pre ope­ran mediante esque­mas de fran­qui­cia o alian­zas fluc­tuan­tes con los cár­te­les nacio­na­les, actuando con extrema vio­len­cia en el cobro de piso y la extor­sión.

El mapa cri­mi­nal ubica los focos de mayor ten­sión en tres regio­nes dife­ren­cia­das: Zona Metro­po­li­tana (Cuer­na­vaca, Jiu­te­pec, Temixco y Emi­liano Zapata): con­cen­tra la den­si­dad pobla­cio­nal y, con ello, la mayor dis­puta por el nar­co­me­nu­deo, el des­pojo patri­mo­nial y la extor­sión comer­cial a bares, res­tau­ran­tes y pres­ta­do­res de ser­vi­cios. Región Oriente (Cuautla, Yeca­pixtla, Ayala, Atlat­lahu­can): es el área con mayor inse­gu­ri­dad, donde el cobro de piso ha asfi­xiado la cadena de valor agrí­cola, a trans­por­tis­tas y al pequeño comer­cio, regis­trando tasas crí­ti­cas de inci­den­cia delic­tiva. Sur­Po­niente (Jojutla, Puente de Ixtla, Ama­cu­zac): fun­ciona como ruta de tra­siego hacia el estado de Gue­rrero y corre­dor para acti­vi­da­des de secues­tro y extor­sión rural.

La inmi­nente reno­va­ción de las alcal­días y del Con­greso del Estado repre­senta una opor­tu­ni­dad para reca­pi­tu­lar. El cri­men orga­ni­zado ha demos­trado que su super­vi­ven­cia no depende úni­ca­mente de las armas, sino de su capa­ci­dad para inmo­vi­li­zar a las auto­ri­da­des loca­les mediante la coac­ción o la infil­tra­ción a los cabil­dos.

Los par­ti­dos polí­ti­cos y los aspi­ran­tes a car­gos de elec­ción popu­lar deben asu­mir una res­pon­sa­bi­li­dad ética y legal estricta frente al elec­to­rado. No es posi­ble que sigan viendo para otro lado cuando se otor­gan can­di­da­tu­ras a per­so­na­jes cues­tio­na­dos. Deben ser lla­ma­dos a cuen­tas.

Las diri­gen­cias par­ti­dis­tas deben cru­zar los expe­dien­tes de sus pre­can­di­da­tos con la Uni­dad de Inte­li­gen­cia Finan­ciera (UIF), la FGR y las auto­ri­da­des de inte­li­gen­cia del Estado, antes de for­ma­li­zar sus pla­ni­llas.Los can­di­da­tos a las 36 alcal­días y al Con­greso Local debe­rán trans­pa­ren­tar sus gas­tos de cam­paña, garan­ti­zando que el “cash” no ras­treado no com­pre a los gobier­nos muni­ci­pa­les. No es tiempo de titu­beos. Los par­ti­dos ten­drán que denun­ciar las pre­sio­nes cri­mi­na­les en lugar de pac­tar con las orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les para ase­gu­rar triun­fos en las urnas.

La lucha no puede que­dar rele­gada a las fuer­zas de segu­ri­dad; requiere de la par­ti­ci­pa­ción activa de la socie­dad orga­ni­zada —cáma­ras empre­sa­ria­les, aca­de­mia, cole­gios de pro­fe­sio­na­les y colec­ti­vos ciu­da­da­nos— debe con­so­li­dar una estricta fis­ca­li­za­ción:

Se deben crear obser­va­to­rios inde­pen­dien­tes para audi­tar la tra­yec­to­ria de los ingre­sos y las pro­pues­tas de segu­ri­dad de quie­nes bus­can pre­si­dir a los muni­ci­pios.Con­vo­car a los aspi­ran­tes a fir­mar com­pro­mi­sos suje­tos a ren­di­ción de cuen­tas tri­mes­tral y orien­ta­das al for­ta­le­ci­miento civil de las poli­cías de pro­xi­mi­dad. Se trata de pro­te­ger el pro­ceso elec­to­ral repor­tando la coer­ción del voto y res­pal­dar al árbi­tro.

Las opi­nio­nes ver­ti­das en este espa­cio son exclu­siva res­pon­sa­bi­li­dad del autor y no repre­sen­tan, nece­sa­ria­mente, la polí­tica edi­to­rial de Grupo Dia­rio de More­los.

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Sobre el autor

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Ariel Homero López Rivera
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