Las campañas de las elecciones del año próximo ya iniciaron. No formalmente. Los aspirantes a una candidatura se mueven haciendo reuniones, visitas y… mucha grilla. Algunos seguramente ya recibieron ofertas de apoyo financiero de personeros. Otros, las van a recibir. Nada nuevo. Peeero las cosas han cambiado.
La reciente intervención de la Operación Enjambre por parte del Gabinete de Seguridad Federal —que derivó en la aprehensión de ediles, exalcaldes y mandos policiales municipales vinculados al crimen organizado en la región Oriente de Morelos— demostró la vulnerabilidad de los ayuntamientos municipales ante las mafias. También mostró la nueva estrategia anticrimen. Candidatos tomen nota. El proceso electoral de 2027 ofrece la oportunidad de romper los acuerdos ilegales y la impunidad.
En Morelos, al desintegrarse el Cártel de los
Beltrán Leyva, el crimen organizado se fragmentó y surgieron disputas territoriales entre cárteles nacionales y franquicias locales, que se han ido apoderando de las economías de los municipios.
De acuerdo con diagnósticos de la Fiscalía General de la República (FGR) e investigaciones especializadas en seguridad pública, en la entidad operan de forma simultánea entre 11 y 16 estructuras delictivas. Morelos es un pasadizo clave para el tráfico de droga. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y facciones ligadas al Cártel de Sinaloa disputan los principales corredores de tráfico, el control de laboratorios sintéticos y el abastecimiento de mercados locales. Agrupaciones como Guerreros Unidos, Los Rojos, Comando Tlahuica, Los Linos, Los Mayas o Los de Siempre operan mediante esquemas de franquicia o alianzas fluctuantes con los cárteles nacionales, actuando con extrema violencia en el cobro de piso y la extorsión.
El mapa criminal ubica los focos de mayor tensión en tres regiones diferenciadas: Zona Metropolitana (Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata): concentra la densidad poblacional y, con ello, la mayor disputa por el narcomenudeo, el despojo patrimonial y la extorsión comercial a bares, restaurantes y prestadores de servicios. Región Oriente (Cuautla, Yecapixtla, Ayala, Atlatlahucan): es el área con mayor inseguridad, donde el cobro de piso ha asfixiado la cadena de valor agrícola, a transportistas y al pequeño comercio, registrando tasas críticas de incidencia delictiva. SurPoniente (Jojutla, Puente de Ixtla, Amacuzac): funciona como ruta de trasiego hacia el estado de Guerrero y corredor para actividades de secuestro y extorsión rural.
La inminente renovación de las alcaldías y del Congreso del Estado representa una oportunidad para recapitular. El crimen organizado ha demostrado que su supervivencia no depende únicamente de las armas, sino de su capacidad para inmovilizar a las autoridades locales mediante la coacción o la infiltración a los cabildos.
Los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular deben asumir una responsabilidad ética y legal estricta frente al electorado. No es posible que sigan viendo para otro lado cuando se otorgan candidaturas a personajes cuestionados. Deben ser llamados a cuentas.
Las dirigencias partidistas deben cruzar los expedientes de sus precandidatos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR y las autoridades de inteligencia del Estado, antes de formalizar sus planillas.Los candidatos a las 36 alcaldías y al Congreso Local deberán transparentar sus gastos de campaña, garantizando que el “cash” no rastreado no compre a los gobiernos municipales. No es tiempo de titubeos. Los partidos tendrán que denunciar las presiones criminales en lugar de pactar con las organizaciones criminales para asegurar triunfos en las urnas.
La lucha no puede quedar relegada a las fuerzas de seguridad; requiere de la participación activa de la sociedad organizada —cámaras empresariales, academia, colegios de profesionales y colectivos ciudadanos— debe consolidar una estricta fiscalización:
Se deben crear observatorios independientes para auditar la trayectoria de los ingresos y las propuestas de seguridad de quienes buscan presidir a los municipios.Convocar a los aspirantes a firmar compromisos sujetos a rendición de cuentas trimestral y orientadas al fortalecimiento civil de las policías de proximidad. Se trata de proteger el proceso electoral reportando la coerción del voto y respaldar al árbitro.
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