Durante años, la respuesta predominante al crimen organizado en México se ha basado en un reflejo: más policías, más operativos, más castigo. Es la lógica de la “guerra” contra el crimen, una estrategia que busca silenciar las balas con más balas. Sin embargo, la evidencia y la teoría especializada, particularmente la obra del académico Mauricio Meschoulam en su libro “Organized Crime, Fear and Peacebuilding in Mexico”, propone un cambio de paradigma. La lucha contra el crimen no es solo un asunto de fuerza; es, fundamentalmente, un proyecto de construcción de paz. Lejos de ser un enfoque ingenuo o blando, la construcción de paz, aplicada a la criminalidad, es una estrategia inteligente, de alta exigencia y con resultados comprobables. El primer paso para cualquier estrategia efectiva es entender la naturaleza del problema. Meschoulam argumenta que la violencia del crimen organizado actúa como un “disruptor de la paz” al generar un clima de miedo que paraliza el desarrollo social y democrático. Este miedo es una herramienta del crimen y un obstáculo para la cohesión comunitaria. En Morelos, este fenómeno se refleja en una paradoja clave revelada por el INEGI a principios de 2026: mientras la incidencia delictiva muestra una tendencia a la baja, un abrumador 88% de la población se siente insegura en su entorno. Este hallazgo es crucial porque demuestra que la paz negativa (menos delitos) no es suficiente. La herida social persiste, alimentada por la desconfianza y el miedo que el propio crimen ha sembrado. El diagnóstico oficial del Consejo de Paz y Atención a las Causas de Morelos, presentado en febrero de 2026, profundiza en las raíces de esa herida. No se limita a enumerar delitos; identifica factores estructurales que la teoría de paz positiva de Johan Galtung señalaría como “violencia estructural”: violencia intrafamiliar, pobreza multidimensional, consumo problemático de sustancias y abandono de espacios públicos. Atacar estos factores no es un acto de caridad, es una estrategia de seguridad nacional y local. El error histórico ha sido creer que la solución es un modelo de “tolerancia cero” al estilo de la Nueva York de los 90. Este enfoque se centra en la represión de los síntomas, ignorando las causas estructurales, criminalizando la pobreza y erosionando la legitimidad institucional, especialmente en comunidades vulnerables. La hoja de ruta que Morelos ha comenzado a trazar en 2026 se alinea con los principios de la construcción de paz al articular una gobernanza de múltiples niveles: Institucional: El Consejo Estatal de Paz, que integra a los tres poderes del estado y a los municipios, crea un frente común contra la fragmentación de los esfuerzos aislados; Social: La inclusión de asociaciones civiles y religiosas, como la Diócesis de Cuernavaca, reconoce que “el gobierno solo no puede” y que la paz es una corresponsabilidad; Territorial: La instalación de Comités Comunitarios de Paz y la estrategia “Territorios de Paz y Buen Vivir” en 103 comunidades buscan reconstruir la confianza desde las bases. El plan es factible, no es una especulación teórica. México tiene casos de éxito que validan el enfoque. Ciudades como Aguascalientes demuestran que invertir en justicia cívica, policía de proximidad y programas preventivos genera los índices de seguridad elevados. La experiencia de Medellín, es un espejo en el que mirarse: combinó la recuperación del control territorial con una inversión masiva en infraestructura social y cultural en las comunas más violentas, transformando la ciudad en un referente de innovación social. Construir paz frente al crimen organizado en Morelos no significa negociar con criminales ni renunciar al uso legítimo de la fuerza. Significa entender que la fuerza, sin un proyecto de justicia social, desarrollo económico y reconstrucción del tejido social, es como intentar secar el agua de una fuga sin reparar la tubería rota.
Entre comillas: Cero tolerancia, NO. construcción de paz
