CUERNAVACA, MORELOS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el cobro del Impuesto Adicional por parte de la mayoría de los municipios deMorelos, de cuya recaudación un porcentaje debía ser transferido a la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), es ilegal, y ordenó al Congreso del  Estado eliminarlo de las leyes de ingresos a partir de 2020.

El jueves, el Pleno del máximo tribunal del país resolvió las acciones de inconstitucionalidad que, por separado, presentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Ejecutivo federal, con las que solicitaron la invalidez de una serie de conceptos tributarios para los habitantes de la mayoría de los municipios, contemplados en las leyes de ingresos para el ejercicio 2019.

El principal concepto combatido fue el Impuesto Adicional, el cual a pesar de que el estado lo eliminó de la Ley General de Hacienda, los municipios conservan su cobro –incluso sobre la recaudación del Impuesto Predial-, con base en la Ley General de Hacienda Municipal.

Desde que Jiutepec se negó a transferir a la UAEM el llamado “Impuesto Pro-UAEM”, en la administración 2006-2009, que estuvo a cargo de Rabindranath Salazar –actual titular del Banco de Bienestar-, la justicia federal declaró en varias ocasiones la inconstitucionalidad del Impuesto Adicional, considerado un “sobre-impuesto”, que viola los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria.

A ello obedeció que el Ejecutivo local lo eliminara de los impuestos estatales, pero por una razón recaudatoria fue conservado en los municipios.

Incluso, después de que la SCJN notificó a la LIV Legislatura de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, la diputada panista Dalila Morales Sandoval reveló que los mismos alcaldes habían solicitado que no fuera eliminado.

Y es que, el Impuesto “ilegal” tiene una tasa de 25 por ciento sobre el importe de las contribuciones legales, de cuya recaudación 15 por ciento debe ser destinado a educación, de forma genérica; 5 por ciento a la UAEM; 2.5 al fomento de la industria, y 2.5 por ciento al Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), desconociéndose el ejercicio de dichos recursos.

Este año, el rector de la Universidad, Gustavo Urquiza Beltrán, señaló que de los 33 (ahora 36) municipios, sólo Emiliano Zapata, Temoac, Totolapan y Zacualpan de Amilpas, habían entregado los recursos a la institución.

Ahora, el problema financiero de la UAEM podría agravarse al perder la expectativa de contar con esos recursos adicionales, pero la decisión de la SCJN aligeraría la carga tributaria para los ciudadanos.

Contenido de la resolución

El resolutivo 6º de la sentencia que los ministros emitieron en la acción de inconstitucionalidad 47/20|19, que declaró la invalidez del impuesto adicional en los municipios de Morelos en las leyes de ingresos del año en curso, entre otros conceptos combatidos, puntualiza que el Congreso  del Estado está obligado a observar la sentencia en el futuro, es decir en la aprobación de las próximas leyes de ingresos municipales.

“Al ser autoridades encargadas de la aplicación de los respectivos artículos de las leyes de ingresos municipales que han sido invalidados”, detalla de forma textual el considerando.

JALÓN PARA ATLATLAHUCAN

En la misma resolución, la Corte invalidó la disposición en la Ley de Ingresos 2019 de Atlatlahucan con la que el Congreso avaló al aprobar el ordenamiento, que el municipio pudiera disponer de los vehículos de los ciudadanos, que quedaran a disposición del Juzgado Cívico, y que, pasado un tiempo, continuarán allí ante la imposibilidad, o negativa, de poder pagar las multas impuestas.

Cabe destacar que las irregularidades tributarias invalidadas por el Pleno de la Corte, fueron revisadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que preside la diputada, quien al conocer de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la CNDH por cobros indebidos, desestimó la acción jurídica al asegurar que se había hecho “un trabajo amplio de revisión y se tomaron en cuenta las tesis jurisprudenciales en el caso de algunos temas”. 

 

ANTONIETA SÁNCHEZ
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