Cuernavaca.- El impacto político y criminal del operativo federal "Enjambre" escaló a un nivel civil tras la exigencia de esclarecer el feminicidio de la activista de Temoac, Sandra Camacho.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) solicitó formalmente que las investigaciones contra los funcionarios detenidos se extiendan hasta el entorno de la defensora social.
Ella fue privada de la vida tras alzar la voz contra las redes de extorsión que operan impunemente en la zona oriente del estado.
Vinculan captura de alcaldes con denuncias de la activista
José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM, señaló que las capturas de servidores públicos representan un mensaje contundente de "no impunidad".
Sin embargo, advirtió que el caso no estará cerrado hasta que se determine si los alcaldes arrestados ordenaron callar a la activista.
Sandra Camacho denunció de forma insistente que las administraciones municipales de la región oriente estaban coludidas con la delincuencia.
A pesar de la gravedad de sus declaraciones públicas, las autoridades estatales no le otorgaron la protección necesaria para salvaguardar su integridad física.
El activista lamentó que el desenlace de estas omisiones gubernamentales terminara en un feminicidio que sigue impune y sin culpables materiales.
Operativo Enjambre sacude las cúpulas del poder local
La sacudida política en la entidad inició con el despliegue del operativo federal "Enjambre", el cual puso bajo la lupa a varios ayuntamientos.
Este golpe de las fuerzas federales dejó un saldo inicial de seis funcionarios detenidos en diferentes municipios de la región oriente.
Entre los capturados destaca Agustín Toledano Amaro, quien se desempeñaba como el actual alcalde de Atlatlahucan.
Asimismo, las autoridades federales iniciaron una intensa búsqueda para localizar y capturar al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián.
Al edil prófugo se le imputan presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa y la ejecución del delito de extorsión agravada.
Partidos políticos bajo sospecha por omisión y complicidad
La CIDHM lanzó una dura crítica contra los partidos políticos que cobijan y postulan a estos personajes a los cargos públicos.
Martínez Cruz acusó que los institutos políticos ignoran las alertas ciudadanas y no aplican filtros de confianza a sus candidatos.
La falta de control permite que perfiles vinculados con cárteles de la droga tengan acceso al control de las policías municipales.
Esto genera un clima de terror entre los habitantes, quienes prefieren callar ante las constantes amenazas de los servidores públicos.
Hasta el momento, la fiscalía local no ha presentado imputaciones directas por el feminicidio de Sandra contra los políticos detenidos.
La CIDHM aseguró que vigilará de cerca el proceso penal para evitar que el caso de la activista quede archivado en la impunidad.