Washington, EE. UU.- Una corte militar juzgará en junio de 2028 al presunto cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, según informaron medios locales citando resoluciones judiciales del caso.
El acusado, Jalid Sheij Mohamed, permaneció bajo la custodia de agencias de inteligencia antes de su envío a la base militar de Guantánamo, Cuba, donde aguarda el inicio formal de las audiencias tras años de postergaciones.
Esta decisión busca destrabar un expediente legal detenido por múltiples recursos defensivos, controversias políticas e inconformidades por los acuerdos de culpabilidad descartados en fechas recientes por las autoridades militares.
Décadas de detención y controversias
Antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán, el imputado operaba como uno de los principales mandos operativos vinculados directamente a la cúpula de la organización Al Qaeda.
Previo a su ingreso en la bahía de Guantánamo en 2006, la CIA lo mantuvo en instalaciones secretas de Europa del Este durante tres años, periodo en el que fue sometido a interrogatorios bajo métodos severos.
Los procedimientos legales contra Mohamed y otros dos implicados se estancaron durante casi dos décadas al debatirse en los tribunales si los testimonios obtenidos mediante torturas resultaban válidos para el proceso.
El historial del acusado principal
Formado en ingeniería dentro de territorio estadounidense, Mohamed aseguró ante los investigadores haber planificado los atentados que provocaron el colapso de las Torres Gemelas y el impacto en el Pentágono.
Aquella operación provocó la muerte de casi 3,000 personas en 2001, marcando el mayor ataque perpetrado en suelo norteamericano y desencadenando intervenciones militares internacionales.
El acusado también se atribuye el atentado con bomba de 1993 en el World Trade Center y el asesinato del periodista Daniel Pearl, acumulando decenas de señalamientos por hechos terroristas en diversos países.
Situación legal en Guantánamo
La base naval de Guantánamo mantiene retenidos a sospechosos capturados durante las operaciones militares iniciadas tras los ataques, operando al margen del sistema penal ordinario de los Estados Unidos.
Diversos organismos internacionales han denunciado en repetidas oportunidades las condiciones de reclusión dentro del recinto militar, señalando presuntas violaciones a las garantías básicas de los prisioneros.
Aunque el penal llegó a albergar a cerca de 800 reclusos en sus periodos de mayor ocupación, la mayoría fue enviada progresivamente hacia terceros países para continuar sus procesos o cumplir condenas.
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