Cuernavaca, Morelos.- Ante la vigencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que arrastran ocho municipios de Morelos desde hace más de una década, se presentó una iniciativa urgente en el Congreso local.
La propuesta busca reformar de fondo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad. El objetivo es endurecer y actualizar las definiciones jurídicas que castigan la violencia extrema contra las mujeres.
La iniciativa fue promovida de manera formal por la diputada Melissa Montes de Oca, quien urgió a los legisladores a actualizar el marco normativo actual ante la persistente crisis de seguridad.
Ajustes jurídicos contra el abuso de poder
La propuesta de la legisladora plantea modificar la fracción XXVI del artículo 4 y el artículo 19 de la ley vigente en el estado. Con esto se busca armonizar la legislación local con la Ley General.
Entre los cambios medulares destaca la redefinición de la "violencia feminicida" como la forma más extrema de agresión de género en las comunidades.
Este delito se tipificará como el resultado de la violación de los derechos humanos y el abuso de poder, aplicándose tanto en el ámbito público como en el privado.
Castigo directo a las conductas misóginas
Asimismo, la iniciativa de reforma busca sustituir el término general de "misoginia" por el concepto técnico de "conductas misóginas". El ajuste busca facilitar la labor de los jueces.
Con esta modificación se reconocerán de manera más clara y punible los actos de odio directos hacia las víctimas, cometidos por los agresores en la entidad.
Estos actos se expresan mediante conductas específicas de violencia y crueldad por razón de género, las cuales ahora podrán ser sancionadas con mayor severidad por los tribunales.
Radiografía de la violencia en los municipios
En su exposición de motivos, recordó que demarcaciones clave como Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec se mantienen bajo una estricta vigilancia institucional.
A esta lista de ayuntamientos en crisis se suman Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, los cuales permanecen bajo la lupa de la AVG desde agosto de 2015.
Contar con herramientas legales claras permitirá orientar con mayor precisión las investigaciones de los ministerios públicos, delimitar responsabilidades y frenar la impunidad en Morelos.