Cuernavaca.- Tras el clima de incertidumbre generado por rumores en redes sociales, los diputados locales cerraron filas para asegurar que no se tocarán las pensiones en Morelos.
Los legisladores garantizaron que la Ley del Servicio Civil se mantendrá sin cambios que vulneren los derechos adquiridos por los trabajadores del estado.
Esta aclaración surge luego de que un grupo de jubilados se presentara en la sesión solemne del Congreso para exigir respuestas claras ante el temor de perder sus beneficios.
Morena denuncia "guerra sucia" informativa
El coordinador de la bancada de Morena, Rafael Reyes Reyes, fue tajante al señalar que no existe ningún proyecto en análisis para aumentar los años de servicio.
El legislador afirmó que las versiones que circularon recientemente son parte de una estrategia de desinformación diseñada para generar pánico entre la clase trabajadora.
Reyes recalcó que la actual legislatura no tiene intención de aprobar reformas de último momento o bajo el esquema de "fast track" que afecten a las familias morelenses.
Exigen estudios reales para cambios financieros
Por otro lado, el diputado del PAN, Daniel Martínez Terrazas, explicó que cualquier intención de modernizar el sistema debe ser transparente y profesional.
El panista subrayó que para crear un Instituto de Pensiones sólido se requieren, primero, estudios actuariales profundos que hoy no están sobre la mesa.
Cualquier cambio futuro tendrá que pasar por un diálogo directo con los sindicatos, los tres poderes del estado y, sobre todo, analizando el pasivo laboral real.
Consenso y calma para los jubilados
Los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que la viabilidad financiera de Morelos no se buscará a costa de los derechos laborales.
Hicieron un llamado enérgico a la población y a los empleados públicos para no caer en noticias falsas y mantenerse informados por canales oficiales.
Finalmente, reiteraron que el compromiso es garantizar que cada peso de los jubilados esté seguro y que los procesos legislativos sean abiertos al escrutinio público.