Cuernavaca.- El Congreso del Estado aprobó 163 dictámenes de pensiones en Morelos con el firme propósito de avanzar en la atención del rezago acumulado en estos procedimientos, los cuales tenían años congelados y provocaron el enojo de los trabajadores.
La urgencia de los diputados locales se debió a que la gran parte de estos expedientes estaban derivados de resoluciones judiciales que obligaban al Poder Legislativo a actuar de inmediato para evitar sanciones severas por parte de la justicia federal.
Los dictámenes fueron elaborados a marchas forzadas por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. Estos papeles corresponden a distintos tipos de pensiones para exservidores públicos y sus beneficiarios directos.
Entre los documentos aprobados se encuentran solicitudes de jubilaciones, cesantías en edad avanzada, invalidez, orfandad y viudez de empleados que dedicaron su vida al servicio público en la entidad.
Presión de los jueces federales
Del total de los asuntos aprobados por los legisladores, 107 pensiones por jubilación fueron autorizadas en estricto cumplimiento de ejecutorias emitidas por jueces de distrito, quienes ya habían dado ultimátums al Congreso.
Por la vía legal y pacífica, apenas 19 casos correspondieron a procedimientos ordinarios que siguieron el trámite legislativo habitual, demostrando que la vía jurídica es la única que mueve a los diputados.
Además, el Pleno legislativo avaló 30 pensiones por cesantía en edad avanzada, las cuales también estaban respaldadas por resoluciones de juzgados federales que ampararon a los trabajadores de la tercera edad.
A la lista se sumaron una pensión por invalidez, una por orfandad y cinco más por viudez. Todas ellas se aprobaron en acatamiento a sentencias emitidas por las autoridades federales correspondientes.
Un rezago que costó caro
La aprobación masiva de estos expedientes forma parte de los trabajos forzados que realiza el Poder Legislativo para disminuir el rezago existente en la materia, un problema que arrastran desde hace varias legislaturas.
Este tema generó durante varios años una ola de juicios de amparo debido a la excesiva demora en la resolución de los casos, lo que obligaba a los afectados a gastar en abogados.
Con esta jornada legislativa, el Congreso del Estado busca dar cumplimiento formal a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales y, de paso, brindar certeza jurídica a los ciudadanos que esperan su dinero.
La actividad en el recinto legislativo continuará de manera intensa durante los próximos días, ya que el tiempo se agota para los representantes populares de la actual legislatura.
El próximo 15 de julio concluye formalmente el periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que aún se espera que se discutan otros temas espinosos antes del receso parlamentario.
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