Cuernavaca.- Los legisladores del Congreso local mantienen bajo análisis la posibilidad de aplazar hasta el año 2028 la elección por voto popular de los jueces y magistrados del estado.
Esta decisión responde principalmente a las limitaciones presupuestales y a la complejidad que implica la organización de un proceso electoral de tal magnitud en la entidad.
Plazo fatal para la Reforma Judicial
De acuerdo con los tiempos legales, la definición sobre la fecha de las votaciones debe quedar establecida antes del próximo 24 de mayo.
Dicho día vence el plazo para que los diputados aprueben las leyes secundarias que darán vida a la Reforma al Poder Judicial en Morelos.
Rafael Reyes Reyes, coordinador de la bancada de Morena, señaló que las discusiones sobre la armonización con el modelo federal continúan en la mesa de trabajo.
El legislador explicó que se busca una viabilidad financiera real para que el estado pueda costear estos comicios sin comprometer otros rubros.
¿Por qué mover la fecha a 2028?
Originalmente, se contemplaba que los ciudadanos salieran a las urnas para elegir a los integrantes del Poder Judicial en el año 2027.
Sin embargo, el Congreso busca evitar que este proceso coincida con las elecciones intermedias donde se renovarán los ayuntamientos y las diputaciones.
Mover la fecha al 2028 permitiría a los órganos electorales contar con una planeación más robusta y evitar una saturación en las casillas.
“Todo parece indicar que será en el 2028 cuando estaremos echando a caminar lo que corresponda en las leyes secundarias”, afirmó Reyes Reyes.
Pendientes económicos en el Congreso
Además de la fecha, los diputados tienen pendiente resolver el tema del "haber de retiro" para los magistrados y jueces que dejen su cargo.
Este punto es crítico, ya que implica un impacto directo en las finanzas del estado que debe ser calculado con precisión antes de votar la ley.
El líder de Morena aseguró que no hay riesgo de incumplimiento, sino que se trata de una valoración responsable para garantizar el éxito de la reforma.
Con esto, Morelos busca estructurar mecanismos operativos sólidos que den certeza jurídica tanto a los aspirantes como a los votantes morelenses.