Cuernavaca.- El panorama legal para las personas sin hogar cambió radicalmente en el estado. Tras años de invisibilidad, este sector fue reconocido formalmente como un grupo vulnerable dentro de la legislación local.
La reforma quedó plasmada en el Decreto 1089, el cual modifica la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana. Esta medida obliga a las autoridades a implementar acciones de rescate de manera inmediata.
El Periódico Oficial "Tierra y Libertad" publicó los cambios que definen jurídicamente a esta población. Ahora se les reconoce como personas desvinculadas de sus familias que usan la calle para pernoctar y sobrevivir.
Municipios obligados a crear protocolo de atención
Con la adición del artículo 2 Bis, el Gobierno estatal y los ayuntamientos tienen la obligación de coordinar esfuerzos. La meta principal es garantizar los derechos humanos de quienes viven en la vía pública.
La ley establece un plazo estricto de 30 días naturales para la creación de un Protocolo de Atención. Este documento guiará los operativos y programas de asistencia en todo el territorio morelense.
Los alcaldes deberán ajustar sus agendas para dar cumplimiento a esta normativa. El desamparo callejero dejará de ser un problema ignorado por las administraciones municipales a partir de esta semana.
El DIF Morelos repartirá alimento a los desamparados
El artículo 4 de la mencionada ley sufrió modificaciones para incluir a este sector como sujeto preferente de asistencia. Compartirán este estatus prioritario con los niños, los adultos mayores y los discapacitados.
Por su parte, el Sistema DIF Morelos recibió facultades expresas para actuar de inmediato. El organismo asistencial deberá diseñar e implementar programas de alimentación complementaria dirigidos a este grupo específico.
Los comedores comunitarios y las unidades de apoyo móvil tendrán que priorizar las zonas con mayor concentración de indigentes en las principales ciudades del estado.
Sin pretextos: la reforma no requiere más presupuesto
Una de las cláusulas más importantes del decreto señala que estos cambios no representan un impacto financiero negativo. Las autoridades no podrán argumentar falta de dinero para retrasar la aplicación de la ley.
El Congreso local precisó que las obligaciones de asistencia alimentaria ya estaban contempladas en el presupuesto anual. El ajuste solo define con claridad a quiénes debe llegar este beneficio social.
El decreto entró en vigor tras su publicación, por lo que el reloj ya corre para las dependencias involucradas. Los ciudadanos vigilarán que los recursos humanos y materiales existentes se apliquen de forma correcta.