Ayala, Morelos.- Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 16 años de prisión contra un hombre tras demostrarse su responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en contra de una adolescente. El fallo judicial se logró tras un extenso proceso de investigación derivado de la denuncia de los familiares.
El ahora sentenciado, identificado por las autoridades judiciales como Álvaro “N”, fue declarado culpable por los delitos cometidos dentro de una vivienda ubicada en este municipio histórico, donde aprovechaba la cercanía con la víctima para cometer los ataques.
Los jueces determinaron de forma unánime que las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público fueron contundentes, ordenando su reclusión inmediata en el penal estatal, además de la pérdida de sus derechos civiles y políticos.
Agresiones ocultas desde 2024 detonaron la denuncia familiar
Los reportes oficiales indican que la pesadilla para la menor comenzó desde el 21 de junio del año pasado, manteniéndose los ataques de manera constante y bajo amenazas para evitar que el caso saliera a la luz pública.
La situación dio un giro definitivo cuando la adolescente decidió romper el silencio y relató detalladamente a su madre el sufrimiento por el que pasaba, lo que movilizó de inmediato a los integrantes de la familia para exigir justicia.
La madre de la afectada acudió ante las agencias especializadas de la Fiscalía General del Estado de Morelos para interponer la denuncia penal, iniciando así las indagatorias de campo que permitieron asegurar al agresor.
Pruebas periciales logran la reparación del daño para la menor
Durante la etapa de juicio oral, los peritos en psicología forense y medicina legal aportaron los testimonios necesarios para corroborar la afectación sufrida por la adolescente, dejando sin argumentos a la defensa del imputado.
Además de los 16 años que el delincuente pasará tras las rejas, la resolución judicial establece de forma obligatoria que el responsable deberá cubrir un monto económico por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.
Este capital asignado por los magistrados civiles se destinará de forma directa a la atención médica y terapéutica especializada que requiera el entorno de la menor afectada para lograr su pronta recuperación emocional.