Cuautla. — La detención en flagrancia del director de Catastro de Cuautla, Félix Ricardo “N”, y de la colaboradora Karen Suriel “N”, acusados de presunta extorsión, no solo destapa un caso de corrupción, sino que exhibe posibles fallas en los mecanismos de control interno del Ayuntamiento.
Ambos funcionarios fueron señalados por un contribuyente, quien denunció que le solicitaron dinero en efectivo a cambio de gestionar descuentos en un trámite catastral. El caso derivó en un operativo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, que culminó con su aseguramiento.
Si bien el Gobierno Municipal destacó que la detención fue posible gracias a una denuncia ciudadana y a la intervención institucional, el hecho de que un director de área presuntamente incurriera en estas prácticas abre cuestionamientos sobre la supervisión, vigilancia y prevención de actos de corrupción dentro de la administración local.
Los implicados fueron trasladados a la Torre XXI y puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de extorsión. En las próximas horas enfrentarán la audiencia de formulación de imputación, en la que se determinará su situación legal.
El caso también pone en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a prácticas indebidas en trámites públicos, donde la discrecionalidad puede convertirse en un incentivo para la corrupción si no existen mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas.
Cómo fue la detención
La investigación se inició cuando un contribuyente, al recibir la exigencia económica por parte de los funcionarios, decidió no participar en el acto ilícito y reportó el incidente a las autoridades municipales. Tras presentarse la denuncia formal, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos desplegó un operativo de inteligencia para interceptar a los responsables.
El intercambio de efectivo se pactó en las inmediaciones de una farmacia ubicada sobre la avenida Insurgentes, en la colonia Emiliano Zapata. En ese punto, agentes ministeriales que vigilaban la zona lograron capturar a los sospechosos en el momento exacto de la transacción.
Denuncia regidora actos de corrupción
En paralelo, una regidora denunció públicamente que estas prácticas no son aisladas y responsabilizó directamente al tesorero municipal, Jonathan Espinoza Salinas, al señalar que tiene bajo su control las áreas de Catastro y Predial.
“Es imposible que no estuviera al tanto del manejo de estos recursos. No se ven reflejados los mil 100 millones de pesos del presupuesto en seguridad, pero sí estas redes de extorsión”, afirmó.
La funcionaria detalló que el esquema operaba mediante el cobro de “moches” fuera de las cajas oficiales, una práctica que, dijo, ha sido documentada desde marzo de 2025 con evidencias fotográficas.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de cobros indebidos a presentar denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de evitar que los responsables queden en libertad.
El caso expone fallas estructurales en la administración municipal, al tratarse de funcionarios de primer nivel involucrados en actos de corrupción, lo que coloca bajo cuestionamiento la supervisión interna del gobierno encabezado por Jesús Corona Damián, señalado por mantener bajo su mando a servidores públicos implicados en prácticas ilegales y abusos contra la ciudadanía.