Cuernavaca.- Un severo caso de corrupción y fraude con recursos públicos sacude las entrañas del Ayuntamiento de Cuernavaca. Los implicados utilizaron la identidad de un trabajador fallecido.
La aprobación de una pensión por viudez presuntamente irregular fue retirada de último momento del orden del día del Cabildo de Cuernavaca, tras descubrirse el engaño.
Las denuncias señalan directamente a los integrantes de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca como los principales orquestadores de este millonario fraude.
El modus operandi del engaño
De acuerdo con acusaciones anónimas, el esquema corrupto fue promovido por el regidor del PRI, Salvador Aguilar, presidente de dicha comisión edilicia en la capital del estado.
El regidor, junto con su colaborador Ernesto Olguín, presuntamente buscaron obtener una pensión a favor de una mujer que no tenía ningún parentesco legal con el trabajador fallecido.
Según la denuncia, Olguín aprovechó el delicado estado de salud del empleado Gregorio Manzo de Iza, quien no contaba con familiares directos en la ciudad.
El colaborador lo ingresó a un asilo y posteriormente presentó a su propia suegra, Hortensia Moncada, como la supuesta viuda del trabajador ante las autoridades municipales.
Falsificación y desvío de recursos
Las acusaciones sostienen que se solicitó al Juez Cívico emitir una constancia de viudez de forma irregular, violando flagrantemente los procedimientos de la ley de Morelos.
No existía matrimonio civil ni resolución judicial que acreditara el vínculo legal, por lo que el trámite carecía de toda validez jurídica obligatoria.
Además, los denunciantes afirman que Olguín falsificó firmas del fallecido para acelerar los procedimientos administrativos dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Parte del presunto fraude incluyó el cobro en efectivo de un seguro de vida por 500 mil pesos, recurso que fue repartido entre varios involucrados.
Frenan el trámite en Cabildo
Días antes, durante la sesión de Cabildo, la Contraloría municipal manifestó su rechazo total al trámite al considerar que la documentación presentada era sumamente sospechosa.
Tras la polémica desatada, el punto fue retirado antes de ser sometido a la votación definitiva de los regidores y el alcalde capitalino.
Los denunciantes exigieron al alcalde José Luis Urióstegui iniciar una investigación penal interna para deslindar responsabilidades y castigar a los funcionarios corruptos.
Por su parte, el regidor Salvador Aguilar, visiblemente nervioso, declaró que son falsas las acusaciones e invitó a presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes.