El Congreso del Estado de Morelos oficializó una reforma histórica para la entidad. Se trata de la creación de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un órgano que buscará saldar una deuda jurídica con estos sectores vulnerables.
A través del Decreto 1159, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", los legisladores locales aprobaron la separación de esta materia, la cual se encontraba ligada a los asuntos municipales.
Con esta modificación a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la anterior comisión desaparece para dar paso a dos órganos especializados y autónomos en sus dictámenes.
Un cambio necesario por la carga de trabajo
Los integrantes del Poder Legislativo argumentaron que la división responde a la urgente necesidad de mejorar la atención de los asuntos de los ciudadanos. La carga de trabajo era excesiva para un solo grupo.
Además, los diputados locales señalaron que los temas del fortalecimiento municipal y los derechos de los pueblos originarios poseen una naturaleza jurídica y social completamente distinta.
Por ello, se determinó que mantener ambos rubros bajo una misma dictaminación frenaba el avance de las iniciativas y afectaba directamente a los morelenses de las comunidades más alejadas.
Facultades de la nueva comisión indígena
La nueva Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tendrá la alta responsabilidad de analizar cada iniciativa bajo los principios de interculturalidad.
Asimismo, los diputados de este sector participarán activamente en la integración del Catálogo de Comunidades y vigilarán el respeto al pluralismo jurídico en el estado.
De igual forma, este órgano será el encargado de coordinar los procesos de consulta previa, libre e informada cuando las reformas estatales afecten directamente a los pueblos indígenas.
Fortalecimiento para los municipios de Morelos
Por su parte, la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional no desaparece, sino que ahora concentrará todos sus esfuerzos exclusivamente en la legislación de los ayuntamientos.
Este grupo revisará a fondo los temas relacionados con los servicios públicos, el desarrollo regional, la planeación urbana y los esquemas del federalismo hacendario.
El decreto entró en vigor tras su aprobación en el Pleno. Ahora, los legisladores cuentan con un plazo estricto de 20 días para integrar la comisión y transferir los expedientes rezagados.
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