La Fiscalía Especializada en materia de Combate de la Corrupción (FEMCC) de la FGR desechó formalmente la denuncia interpuesta por Eva Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión de Víctimas, contra el Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel.
Tras realizar un análisis técnico, la autoridad federal determinó que las acusaciones no reúnen los requisitos para ser tratadas bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR), al no existir pruebas de delitos federales.
La resolución confirma que los hechos señalados por la comisionada no vulneran el patrimonio ni los intereses de la nación, dejando el asunto fuera del alcance del Código Penal Federal.
Falta de sustento jurídico en la acusación
El documento oficial emitido por el Ministerio Público Federal aclara que su competencia se limita estrictamente a ilícitos cometidos en agravio de la Federación, situación que no se presentó en este expediente.
Incluso, la FGR puntualizó que la denuncia no cumplió con lo estipulado en el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al carecer de una narración detallada y circunstanciada de los hechos.
El conflicto inició cuando Picazo Hernández señaló a Díaz Rogel y a su hijo, Leonel Díaz Grajales, por un presunto conflicto de intereses, argumento que no prosperó ante la instancia nacional.
Ocultaron el rechazo de la instancia federal
Llama la atención que, aunque la resolución fue comunicada desde el pasado 6 de febrero, la comisionada no informó públicamente sobre este desenlace, a pesar de haber dado amplia difusión al inicio del proceso.
El recurso fue rechazado en la misma fecha de su presentación en la ventanilla única, confirmando que la narrativa sobre un presunto desvío de fondos federales no tuvo sustento para el organismo federal.
Con esta decisión, la FGR cierra la puerta a la intervención nacional en el conflicto, rindiendo un informe donde precisa que su actuación se rige por la Ley Orgánica que delimita sus facultades.