El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, acudió este jueves 15 de octubre de 2026 a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para interponer una denuncia penal contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, funcionarios estatales, policías y directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La acusación abarca opacidad, omisión, posible uso indebido de recursos públicos y falta de infraestructura eficiente en la distribución de agua en Guadalajara, además de los hechos de la protesta del 11 de octubre.
Gutiérrez Yáñez solicitó la atracción del caso por la probable comisión de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, omisión del servicio público, corrupción, peculado y lo que resulte. “Hemos solicitado la atracción de la FGR en una formal denuncia [...] en contra de policías, servidores públicos del gobierno de Jalisco encabezados por el gobernador Pablo Lemus Navarro y directivos de la empresa de SIAPA”, declaró a medios a las afueras de la dependencia.
La crisis del agua que originó la indignación
El activista vinculó los hechos a un problema sistemático: un servicio deficiente e insalubre de agua potable que afecta al menos a 320 colonias de Guadalajara y el área metropolitana, con antecedentes desde 2019 y que se agudizó en 2026. “Distribuir deliberadamente agua sucia o descuidar las instalaciones que la procesan se traduce en un incumplimiento directo de su deber de protección. Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026”, afirmó. Los habitantes reportan líquido con olor a drenaje, coloraciones café, amarilla o negra, y en algunos análisis ciudadanos se han detectado bacterias de origen fecal y metales.
El propio Lemus admitió el 6 de octubre una “crisis de agua potable como nunca antes”. Atribuyó el deterioro a tuberías con más de 70 años sin mantenimiento adecuado y a descargas irregulares en el Canal de Las Pintas que terminan en la presa homónima, fuente del sistema antiguo que trae agua del Lago de Chapala. Reportes de agua turbia o sucia se acumularon: el SIAPA recibió más de mil quejas entre enero de 2025 y enero de 2026 en cientos de colonias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y monitoreo ciudadano han señalado afectaciones más amplias, en el entorno de las 475 o más colonias en distintos momentos.
Como respuesta de corto plazo, el gobierno estatal anunció dejar de usar temporalmente el agua de Las Pintas y el sistema antiguo, lo que implica un esquema de rotación (tandeos) y reducción de presión. Este 15 de octubre comenzó el programa oficial en aproximadamente 627 colonias —alrededor del 42% de la cobertura del SIAPA—, principalmente las abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle. Dependiendo de la zona, habrá baja de presión o suspensión dos o tres días por semana, con vigencia estimada hasta marzo de 2027 mientras avanzan obras como el acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la planta de Miravalle. El SIAPA habilita pipas y cisternas de apoyo. Previamente, en agosto y septiembre, se otorgaron descuentos del 80% en el recibo a usuarios de entre 203 y 342 colonias afectadas.
A largo plazo, Lemus envió al Congreso local la iniciativa del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. El gobernador ha insistido en que no privatiza el servicio, no genera deuda pública ni aumentará tarifas, y que Conagua validó aspectos técnicos. No obstante, la crisis ha generado escepticismo y demandas de transparencia sobre el destino de recursos históricos destinados a infraestructura hídrica, saneamiento y potabilización.
La megamarcha del 11 de octubre y la respuesta policial
La protesta del domingo 11 de octubre concentró cerca de 10 mil personas, según cifras oficiales. Partió de la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco (residencia oficial del gobernador) con consignas como “Queremos agua limpia”, “Fuera Lemus” y críticas al SIAPA. Durante más de dos horas avanzó de forma mayoritariamente ordenada. Al llegar a Casa Jalisco, alrededor de las 13:00 horas, se registraron enfrentamientos. Las autoridades estatales señalaron la irrupción de un grupo de aproximadamente 400 personas (algunas encapuchadas) con piedras, tubos, martillos y petardos, que agredieron a policías y dañaron vallas y una barda colindante. Manifestantes y organizaciones describen un uso desproporcionado de la fuerza por parte de antimotines: gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.
El saldo oficial fue de 39 personas detenidas (21 hombres y 18 mujeres), 28 policías heridos (dos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo) y decenas de civiles atendidos. Organizaciones como el Cepad reportaron cifras más altas de detenidos en momentos iniciales y denunciaron golpes, incomunicación, robos de pertenencias y posibles irregularidades en pruebas. Algunos detenidos fueron trasladados temporalmente al penal de Puente Grande. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió investigación de oficio y acompañó a la marcha.
Reconocimiento de excesos por Lemus y liberaciones
Tras la presión social y mediática, y comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum (quien pidió explicaciones y advirtió sobre posible intervención federal ante denuncias formales), Lemus cambió el tono. El 13 de octubre, en video, reconoció “graves deficiencias”, que el operativo “se salió de control”, “uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”. “A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, dijo, y anunció que las 39 personas recuperaron la libertad. Ordenó investigación interna con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para sancionar según responsabilidad, con reparación del daño y garantías de no repetición. Afirmó tener identificados a policías que incurrieron en excesos, al tiempo que señaló violencia de algunos manifestantes.
Sheinbaum y la Secretaría de Gobernación han señalado que se revisan quejas caso por caso y que la CNDH puede intervenir. La denuncia ante la FGR busca precisamente una investigación federal imparcial sobre las detenciones, el uso de la fuerza y los posibles daños físicos o psicológicos a los afectados.
Quién es el denunciante y el alcance de la CIDHPDA
Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez (Ciudad de México, 1970) es abogado y licenciado en finanzas, exdiputado local del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000-2003) y aspirante en el proceso de Va por México en 2023. Fundó la CIDHPDA en 2017, una organización civil que se presenta como comisión para la promoción de derechos humanos en el desarrollo de las Américas. Actúa bajo estándares de la OEA y la ONU, pero no es un organismo oficial del sistema interamericano (como la CIDH). Ha presentado denuncias previas, por ejemplo contra policías de la CDMX en el contexto de marchas de 2025. En esta ocasión, también pidió investigar el destino de recursos públicos y la intervención efectiva de comisiones de derechos humanos.
La denuncia llega en un momento de alta tensión política en Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Lemus, quien asumió el cargo recientemente, enfrenta la crisis como el primer gran desafío de su administración. Mientras avanzan los tandeos y las obras anunciadas, la investigación federal solicitada, la interna estatal y las de derechos humanos determinarán responsabilidades. Los vecinos, por su parte, continúan exigiendo agua limpia y transparente en un servicio básico que lleva meses —y según el denunciante, años— sin garantizar condiciones salubres.
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