Durante la socialización de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial en Morelos, autoridades estatales aclararon que el impuesto del 1.5 por ciento que se pretende aplicar a los viajes realizados mediante plataformas digitales, como Uber y Didi, se busca que sea absorbido por las utilidades de las propias empresas y no trasladarse a los conductores ni a los usuarios.
El coordinador general de Movilidad y Transporte del Estado, Jorge Barrera Toledo, informó que directivos de ambas plataformas ven viable el cobro de dicho impuesto, tras sostener mesas de diálogo con las autoridades. Explicó que esta medida busca evitar que los conductores —quienes actualmente entregan hasta un 32 por ciento de cada viaje a las aplicaciones— vean reducidos aún más sus ingresos.
“Es importante que no se genere un efecto dominó o de traslado de encarecimiento hacia el conductor o los usuarios”, señaló Barrera Toledo al destacar que la propuesta busca equilibrar la regulación del servicio sin afectar a quienes dependen directamente de esta actividad.
Las declaraciones del funcionario se dan en un contexto en el que diversos grupos de choferes de taxis por aplicación han manifestado su rechazo al cobro del impuesto, con el argumento de que impactaría negativamente en su economía. No obstante, Barrera Toledo reiteró que la intención es que el gravamen sea asumido por las plataformas, como parte de sus obligaciones fiscales y de operación.
De acuerdo con el proyecto de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, las unidades que operan mediante aplicaciones deberán aportar de manera periódica el 1.5 por ciento del valor de cada viaje realizado en el estado, además de cubrir los derechos correspondientes por el permiso de operación.
El documento también establece que las plataformas deberán registrar sus vehículos y conductores ante la Coordinación General de Movilidad y Transporte, mantener un padrón electrónico actualizado y aplicar filtros de seguridad, como la verificación de antecedentes no penales y exámenes toxicológicos.
Asimismo, las empresas estarán obligadas a incorporar un botón de pánico digital conectado al C5, emplacar sus unidades en Morelos, portar distintivos oficiales de identificación y garantizar que los vehículos no superen los siete años de antigüedad, además de aprobar la verificación vehicular y la revisión físico-mecánica anual.
La Coordinación General de Movilidad y Transporte será la encargada de supervisar, fiscalizar y sancionar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, la calidad del servicio y la equidad en el mercado.
Finalmente, Barrera Toledo adelantó que continuarán las mesas de diálogo con representantes de las plataformas, choferes y otros sectores involucrados, con el propósito de que antes de que concluya el 2025, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial quede plenamente armonizada en Morelos.
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com