Cuernavaca, Morelos.- En las entrañas de los complejos habitacionales de la entidad, desde las saturadas unidades de Xochitepec y Temixco hasta fraccionamientos exclusivos de la capital, se consolida un secreto a voces: administradores de condominios lucran con propiedades ajenas.
El modelo de negocio es tan audaz como irregular. El administrador detecta viviendas en abandono —ya sea por deudas hipotecarias, fallecimiento de los dueños o migración— y toma el control total de la propiedad de forma ilícita.
Para dar una apariencia de orden, comienzan pagando el predial y los servicios básicos, supuestamente para “limpiar” el historial de la casa. Sin embargo, el objetivo no es devolverla al mercado legal, sino convertirla en una caja chica personal a través de las rentas.
El "Contrato del Silencio"
Bajo la promesa de una renta significativamente menor al valor del mercado, estos administradores atraen a inquilinos con una advertencia contundente: “Si llega el banco o el dueño, tienes 24 horas para desalojar”.
Este esquema opera sin contratos formales ni facturas. Los depósitos se realizan estrictamente en efectivo para evitar la "huella digital" financiera, permitiendo que el dinero fluya directamente a los bolsillos de quienes deberían velar por el orden de la privada y no por su propio beneficio.
De acuerdo con datos del Infonavit, existen miles de casas deshabitadas en el estado, aunque se presume que la cifra real de viviendas en situación de vulnerabilidad podría superar las 10 mil unidades.
Fachada de legalidad y lucro desmedido
El modus operandi utiliza los pagos de mantenimiento como pantalla para evitar sospechas de vandalismo. No obstante, en unidades con cientos de casas, la gestión ilegal de apenas cinco propiedades puede generar ingresos mensuales que superan los sueldos de altos funcionarios, todo libre de impuestos.
Esta situación deja en indefensión total a dos partes: al inquilino, que vive en un estado de estrés constante ante un desalojo inminente, y al dueño legítimo, quien ve vulnerado su patrimonio por las personas que ostentan las llaves del acceso principal.
Expertos legales advierten que detrás de este esquema se esconde un enriquecimiento ilícito que pocos se atreven a denunciar por miedo a represalias dentro de su propia comunidad o por el desconocimiento de los mecanismos legales para recuperar la posesión de sus bienes.