La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. México acusaba a estas compañías de contribuir al tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia de los cárteles en su territorio.
El fallo, emitido el 5 de junio de 2025, revocó una decisión previa de una corte de apelaciones que había permitido que la demanda avanzara. La jueza Elena Kagan, autora de la opinión del tribunal, argumentó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los fabricantes de armas de ser responsabilizados por el uso criminal de sus productos, a menos que se demuestre una participación directa en actividades ilegales, lo cual México no logró establecer.
México sostenía que las empresas demandadas diseñaban y comercializaban armas de manera que resultaban atractivas para los cárteles, y que mantenían sistemas de distribución que facilitaban el desvío de armas hacia el mercado ilegal. Sin embargo, la Corte concluyó que estas acciones, aunque podrían considerarse negligentes, no constituyen una complicidad directa en el tráfico ilícito de armas.
El gobierno mexicano ha expresado su intención de continuar buscando vías legales para responsabilizar a los fabricantes y distribuidores de armas por su papel en la violencia armada en México. Una demanda separada contra cinco tiendas de armas en Arizona, presentada en 2022, sigue en curso.
Este fallo representa un revés significativo para los esfuerzos de México por combatir el flujo de armas desde Estados Unidos, país de origen de aproximadamente el 70% de las armas ilegales incautadas en territorio mexicano. La decisión también podría influir en futuras acciones legales relacionadas con la responsabilidad de los fabricantes de armas en la violencia transnacional.
Corte Suprema de EU rechaza demanda de México contra fabricantes de armas
