Cuernavaca, Morelos.- El Congreso del Estado de Morelos proyecta la aprobación de aproximadamente mil solicitudes de jubilación y pensión antes del próximo 15 de julio, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
Esta medida tiene como finalidad reducir de forma gradual un rezago histórico que supera los cinco mil expedientes acumulados dentro del Poder Legislativo, afectando a trabajadores de diversos sectores gubernamentales.
La estrategia coordinada por los diputados locales busca desahogar la alta carga de trámites pendientes que se han venido acumulando durante las últimas legislaturas en la entidad.
Prioridad a expedientes con amparos federales
La Junta Política y de Gobierno (JPyG) detalló que el análisis de los documentos se concentrará principalmente en aquellos expedientes que ya cuentan con una resolución o sentencia emitida por las autoridades judiciales.
Entre los asuntos considerados como urgentes se encuentran los casos de los trabajadores del estado que obtuvieron amparos directos otorgados por el Poder Judicial de la Federación durante los meses recientes.
Asimismo, los legisladores darán prioridad a las solicitudes que requieren atención inmediata debido a observaciones legales y administrativas detectadas en las revisiones previas del proceso de dictaminación.
Revisarán inconsistencias en dictámenes anteriores
Dentro del universo de solicitudes pendientes, existen más de 500 expedientes que deben ser corregidos de manera detallada debido a diversas inconsistencias encontradas en los dictámenes que emitió la anterior legislatura.
El crecimiento de la demanda de retiros por parte de los empleados públicos ha tomado un ritmo acelerado, obligando al Congreso local a buscar mecanismos eficientes que otorguen certeza jurídica a los solicitantes.
Hasta el momento, durante el transcurso del presente periodo ordinario, el pleno del Congreso ya ha sacado adelante cerca de 200 expedientes de jubilación, lo que representa el primer avance formal en esta jornada de regularización.
Los beneficiarios de estas medidas corresponden a trabajadores que prestaron sus servicios dentro del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, así como en diversos organismos descentralizados y municipios de Morelos.