Cuernavaca, Morelos.- El Congreso de Morelos reformó la Ley para la Protección Frente al Consumo de Tabaco con el propósito fundamental de evitar la contaminación de suelos y agua provocada por los residuos de cigarro, de acuerdo con el decreto 622 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
Esta nueva disposición legal establece de manera obligatoria que centros deportivos, recreativos, parques, alamedas, jardines y plazas cívicas deberán contar obligatoriamente con contenedores específicos para depositar colillas, además de la señalización obligatoria sobre la prohibición de fumar en zonas no permitidas.
Edificios oficiales y dependencias bajo la nueva norma
La medida aprobada por el Poder Legislativo también alcanza de forma directa a las dependencias y entidades del Gobierno estatal, ayuntamientos, el propio Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y los órganos autónomos.
Todas estas instancias públicas tienen la obligación ineludible de colocar estos recipientes tanto en el exterior de sus instalaciones como en las zonas designadas para fumar, garantizando así una correcta gestión de los residuos desde el ámbito gubernamental.
Convenios estratégicos y viabilidad presupuestal
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación sin descuidar los recursos públicos, el decreto permite que las instituciones públicas suscriban convenios con entes públicos y privados. El objetivo de estas alianzas es instalar los contenedores, realizar una recolección eficiente de las colillas y garantizar su tratamiento final y reciclaje adecuado.
Cabe destacar que esta disposición fue integrada después de que el Poder Ejecutivo formulara diversas observaciones al decreto original, enfocadas principalmente en el posible impacto presupuestal y la importancia de contar con convenios con empresas especializadas en el manejo de estos residuos.
Tras un análisis detallado, el Congreso determinó que la reforma no representa una carga financiera desproporcionada para el estado, señalando que los convenios permitirán aprovechar alianzas existentes para cumplir satisfactoriamente con las nuevas obligaciones ambientales. El decreto entró en vigor de manera oficial tras su publicación.
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