Cuernavaca.- Organizaciones de la sociedad civil, colectivas y defensores de derechos humanos levantaron la voz en Morelos para exigir a las autoridades estatales que garanticen la aplicación real y efectiva de la reforma al Código Penal que tipifica los crímenes de odio, la cual ya se encuentra en vigor dentro de la entidad.
A través de un pronunciamiento conjunto, los activistas subrayaron que el avance legal no debe quedarse únicamente en el papel. Por ello, solicitaron formalmente la puesta en marcha de programas de capacitación permanente destinados a elementos de la policía, personal ministerial y pericial de la fiscalía local.
La intención principal de esta exigencia es asegurar que las investigaciones y atenciones a este tipo de conductas delictivas se realicen bajo protocolos estrictos, con una perspectiva clara de derechos humanos y de respeto a la diversidad sexual.
Proponen mesa de trabajo e integración institucional
Para lograr un impacto real en la sociedad, las organizaciones civiles propusieron la instalación inmediata de mesas de trabajo multidisciplinarias en las que participen activamente diversas dependencias gubernamentales del estado de Morelos.
Entre las instancias convocadas destacan la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De igual forma, se busca incorporar a las direcciones de diversidad sexual de los 36 municipios de la entidad, junto con los representantes de las agrupaciones civiles que han impulsado esta causa durante años.
El objetivo central de estas mesas será la elaboración de una Guía de Atención Integral para Víctimas Directas e Indirectas de Crímenes de Odio, un instrumento clave para fijar criterios de actuación oportunos y eficaces.
Dicha guía contempla esquemas de atención diferenciada, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y garantías sólidas de no repetición para los afectados y sus familias.
Monitoreo ciudadano y agenda pendiente
Representantes de los colectivos señalaron que la aprobación de esta reforma legislativa representa el fruto de más de 20 años de trabajo constante e incidencia política para visibilizar la violencia motivada por prejuicios en la región.
Ante esto, advirtieron que mantendrán un seguimiento público y puntual al desempeño de cada una de las autoridades involucradas, evitando que los casos queden en la impunidad o sean archivados sin la debida diligencia.
Finalmente, hicieron un llamado enérgico al Congreso del Estado de Morelos para atender otros temas pendientes en la agenda legislativa sobre diversidad sexual y personas que viven con VIH.
Entre las prioridades destacan la derogación del delito de peligro de contagio y una reforma integral a la Ley de Salud para fortalecer la atención psicológica con perspectiva de diversidad en todo el territorio morelense.
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