Cuernavaca, Morelos.- El sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis marcada por el hacinamiento histórico, el autogobierno y la operación de redes de extorsión desde cárceles de México mediante telefonía clandestina. La saturación de las instalaciones y la corrupción institucional han convertido algunos penales en oficinas clandestinas para la comisión de estafas.
De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), el país registra más de 276 mil personas privadas de la libertad. Mientras tanto, grupos delictivos que operan dentro de los centros utilizan dispositivos móviles para intimidar a familias y presionar a un sistema que no logra cumplir con su función de reinserción social.
El lucrativo mercado negro de celulares en los penales
En centros penitenciarios como el Centro Varonil de Santa Martha Acatitla y las torres de penitenciaría en la Ciudad de México, el ingreso de teléfonos móviles opera bajo redes de complicidad. Testimonios de familiares señalan que introducir un dispositivo puede costar hasta 35 mil pesos, entregados directamente al comandante en turno.
Una vez adentro, mantener el aparato activo requiere una renta semanal de 5 mil pesos y cuotas por tarjetas SIM. Con estas herramientas, los reclusos realizan llamadas intimidatorias, haciéndose pasar por miembros de la delincuencia organizada o recurriendo al modus operandi de “El Chillón”, simulando el llanto de familiares para exigir rescates urgentes.
Sobrepoblación carcelaria y prisión preventiva
La presión sobre la infraestructura penitenciaria nacional alcanzó niveles sin precedentes. Al cierre de septiembre de 2026, la población carcelaria llegó a 276 mil 873 internos, un crecimiento del 39.8 por ciento frente a diciembre de 2018. Esto dejó a las 275 cárceles del país con un déficit de 45 mil 099 espacios.
Este incremento está vinculado con la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Cerca de 30 conductas obligan a los jueces a ordenar la reclusión automática sin derecho a fianza, provocando que 105 mil 837 personas (el 40.6 por ciento del total) permanezcan encarceladas sin una sentencia condenatoria firme.
Antecedentes y evolución del problema en el sistema penitenciario
Históricamente, la saturación carcelaria ha sido el caldo de cultivo ideal para el autogobierno y la operación de redes criminales internas. Investigaciones periodísticas y reportes del OADPRS documentan que la falta de controles efectivos y los bajos salarios de los custodios facilitaron durante décadas la entrada de contrabando. La evolución de este fenómeno pasó de simples objetos prohibidos a sofisticados centros de llamadas con esquemas financieros externos operados por "contadores".
Estrategia federal ante el colapso carcelario
Ante la presión internacional y el colapso de los centros de reclusión, el pasado 13 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la problemática y anunció la construcción de seis nuevos penales estatales.
Estas instalaciones sumarán 18 mil 480 espacios y se ubicarán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. No obstante, especialistas advierten que la infraestructura debe complementarse con una depuración profunda de los mandos de seguridad y una revisión integral de la política criminal.
Ante llamadas de extorsión, las autoridades recomiendan mantener la calma, verificar directamente con el familiar supuestamente afectado antes de realizar cualquier depósito y denunciar los números involucrados.
En conclusión, la magnitud de esta crisis exige superar las soluciones temporales; el colapso del sistema penitenciario y la persistencia de las redes de extorsión demuestran que la construcción de nueva infraestructura debe marchar de la mano con una profunda transformación institucional y una revisión del marco penal para garantizar la verdadera reinserción social.
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