Cuernavaca.- El futuro ambiental de la región está en juego. Ante el constante crecimiento urbano y el deterioro de las áreas verdes, ambientalistas, académicos y legisladores locales alistan una estrategia legal para blindar la protección de selva baja en Morelos. El plan maestro arrancará formalmente mediante una mesa técnica de discusión legislativa.
El Consejo Estatal Forestal confirmó que este encuentro busca reformar a fondo la Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Morelos. Los organizadores pretenden que los ciudadanos dejen de ser simples espectadores y se conviertan en los principales defensores de los recursos naturales del estado.
El pulmón de Morelos en peligro
La cita está programada para el próximo dos de junio a las 10:00 horas en la sede del Congreso del Estado. En este espacio se revisarán minuciosamente los alcances y las debilidades de la legislación forestal vigente, la cual ha quedado corta ante los retos actuales.
El colectivo Guardianes de los Árboles advirtió que la prioridad absoluta de la reforma es la conservación de la selva baja caducifolia. Este ecosistema nativo es el más vulnerable de la entidad y requiere de un marco legal estricto que detenga los desmontes ilegales y el cambio de uso de suelo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya reconoce a esta cubierta vegetal como un área estratégica. Los expertos recuerdan que los árboles de esta zona cumplen con la función vital de proteger el suelo contra la erosión y garantizar la recarga de los mantos acuíferos.
Llamado urgente a la sociedad
Flora Guerrero Goff y Azalia Calleja Bello, representantes del Consejo Estatal Forestal, lanzaron una convocatoria abierta para que los morelenses no se queden fuera de esta toma de decisiones. El llamado está dirigido especialmente a las comunidades indígenas, biólogos y organizaciones civiles.
Los activistas coincidieron en que el impacto de las reformas de la ley ambiental se reflejará de inmediato en la calidad del aire y la disponibilidad de agua. Aseguran que la única forma de frenar el colapso ecológico en los municipios es creando leyes con verdadera participación social.