Jiutepec.- El Ayuntamiento de Jiutepec enfrenta una tormenta legal tras la confirmación de la muerte de dos perros de la colonia Civac. La Fiscalía General del Estado suma al menos tres denuncias penales por estos hechos ocurridos el 10 de septiembre.
La molestia social escaló luego de que las propias autoridades municipales reconocieran que los animales recibieron dosis letales. Posterior a la aplicación del químico, los cuerpos fueron sepultados en un predio irregular dentro del municipio.
Las acciones legales fueron promovidas en distintas fechas por una rescatista de Miacatlán, la activista Vanessa Perbellini y la asociación Cuernavaca Ama a sus Animales. La presidenta de esta organización, Lupita Xicoténcatl, confirmó el giro de las investigaciones.
De la negligencia administrativa al delito penal
El caso dio un vuelco drástico el pasado 18 de septiembre, cuando el secretario municipal, Arturo Flores, admitió públicamente la muerte de los ejemplares. Esa declaración transformó una queja administrativa en un proceso de carácter criminal.
"Primero fue un tema administrativo y en el momento en que ellos confiesan asesinar a los perros se vuelve un tema penal", declaró Xicoténcatl. La activista precisó que la demanda va dirigida contra el Ayuntamiento de Jiutepec y quien resulte responsable.
Hasta el momento, la administración municipal ha mantenido el hermetismo sobre los nombres de los involucrados. El propio secretario municipal se negó a informar qué funcionario emitió la orden de sacrificar a los canes.
Tampoco se ha aclarado el criterio utilizado para determinar el entierro de los cuerpos en un tiradero no autorizado. Por esta razón, defensores de los derechos animales exigen a la Fiscalía identificar tanto a los ejecutores materiales como a los autores intelectuales.
Indignación vecinal en Civac por abuso de autoridad
La actuación de los funcionarios provocó un fuerte rechazo entre los vecinos de Civac, quienes se encargaban del cuidado de los canes. Los colonos cuestionaron severamente la falta de apego a los protocolos de bienestar animal.
El caso encendió las alarmas de los colectivos locales, los cuales piden a la ciudadanía vigilar de cerca la actuación de las brigadas de control animal. La indicación es documentar cualquier intento de retención irregular por parte de servidores públicos.
La Fiscalía del Estado continuará con las indagatorias correspondientes para deslindar las responsabilidades jurídicas sobre los funcionarios involucrados en el caso.
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